La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) informó al Mercado de Valores que recibió el requerimiento de pago por Bs 744.315.432 a favor de FANCESA, que emitió el Juzgado Público Civil y Comercial 11° de Sucre, con un plazo de 20 días para cumplir con la obligación.
La empresa señaló que el requerimiento busca ejecutar una resolución que todavía se encuentra bajo control constitucional y que mantiene actuaciones pendientes de resolución.
SOBOCE advirtió que, una vez vencido el plazo de 20 días, podría activarse un proceso de ejecución coactiva. La empresa considera que esa medida resultaría prematura mientras la Justicia Constitucional resuelve los recursos pendientes.
“Vencido el plazo de 20 días, se abriría un proceso de ejecución coactiva, lo cual sería un acto de irresponsabilidad porque la Justicia Constitucional ya anuló dicha resolución por graves irregularidades que no han sido reparadas”, señala el comunicado.
La empresa informó que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz debe resolver una solicitud de medida cautelar que busca paralizar la ejecución mientras se atiende una queja por supuesto incumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, emitida a favor de SOBOCE.
Pago
El requerimiento deriva de un proceso relacionado con una supuesta competencia desleal, acusación que SOBOCE asegura haber rechazado. En paralelo, la empresa recordó que desde hace 16 años reclama el pago por la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado.
Según la compañía, el Estado no pagó el justiprecio establecido en el Decreto 0616 del 1 de septiembre de 2010. SOBOCE sostiene que la actual obligación de Bs 744,3 millones surge de un proceso que considera irregular.
La empresa calificó el monto como una “indemnización insólita y carente de respaldo técnico y legal” y afirmó que la ejecución podría afectar su capacidad financiera.
SOBOCE también denunció la existencia de vicios procesales y cuestionó que la sentencia incorporara criterios que, según la empresa, no formaban parte de la demanda original para establecer daños a favor de una persona jurídica.
Uno de los puntos que la compañía considera más relevantes corresponde al concepto de “daño de proyecto de vida”. Según SOBOCE, la aplicación de esta figura a una sociedad comercial constituiría un precedente que podría generar incertidumbre para otras empresas.
“De ejecutarse esta sentencia contra SOBOCE, Bolivia sería el primer y único país del mundo en incluir el ‘daño de proyecto de vida’ (…) a favor de una sociedad comercial”, sostiene el comunicado.
Impacto
SOBOCE señaló que una eventual ejecución de la obligación tendría efectos sobre su liquidez, inversiones y capacidad para mantener la continuidad de sus operaciones.
La compañía también advirtió sobre posibles repercusiones en el sistema financiero y el mercado de valores, debido a sus obligaciones con tenedores de bonos, entidades financieras, inversionistas y otros participantes del mercado.
“La ejecución de esta pretendida obligación tendría un grave impacto para la economía boliviana, el sistema financiero nacional y miles de empleos en diversos sectores”, afirmó la empresa.
Medias legales
SOBOCE indicó que analiza nuevas acciones legales para defender sus derechos y que contempla agotar las instancias nacionales y recurrir a mecanismos de arbitraje internacional.
La cementera aseguró que también adoptará medidas para proteger los derechos de sus trabajadores y garantizar la continuidad de sus operaciones, además de cumplir sus compromisos con clientes, proveedores, acreedores y tenedores de bonos.
La empresa anunció que continuará informando al mercado y a la opinión pública sobre las siguientes etapas del proceso y ratificó que centrará su defensa en la seguridad jurídica, el empleo y la continuidad de la actividad industrial.
La Razón
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