La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) presentó un reclamo formal contra el Estado boliviano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) y solicitó suspender la ejecución de la sentencia judicial que le ordena pagar más de 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). La empresa cementera asumió esta medida tras denunciar un “quiebre de la seguridad jurídica” y un “trato discriminatorio” contra un inversor subregional amparado en la Decisión 291.
La cementera paceña acudió a las instancias del bloque regional como último recurso ante “una sucesión de irregularidades judiciales que la compañía lleva enfrentando por más de una década en el país”. En este sentido, la solicitud de suspensión busca frenar el cobro coactivo hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) analice el caso y determine la responsabilidad del Estado en el litigio por el caso competencia desleal.
El gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce, Ricardo Barrientos, alegó este martes que el origen del conflicto “no es la supuesta competencia desleal, sino una deuda que el Estado mantiene con la empresa desde hace 16 años”.
“La demanda no fue una coincidencia. Fue armada como herramienta de presión para intentar obligarnos a negociar el monto de la expropiación. Es evidente. Y, en paralelo, esa demanda artificial fue pasando fases y acumulando irregularidades en la justicia ordinaria durante 16 años”, afirmó el ejecutivo, en referencia a la expropiación de sus acciones en Fancesa durante el gobierno de Evo Morales.
Asimismo, Barrientos denunció fallas en el debido proceso durante la tramitación del caso y afirmó que “durante años, hemos visto cómo algunos de nuestros recursos legales ni siquiera eran tramitados, cómo no se nos notificaron debidamente ciertas resoluciones judiciales, impidiéndonos ejercer una defensa conforme al debido proceso, así como también se han inventado privilegios para Fancesa que no pueden existir para una Sociedad Anónima”.
En la fundamentación jurídica, el asesor internacional de Soboce y expresidente del TJCAN, Hugo Gómez, remarcó que las autoridades judiciales bolivianas infringieron el principio de “trato nacional” y omitieron solicitar una interpretación prejudicial obligatoria antes de pronunciar la condena.
Gómez argumentó que “el Derecho Andino es un marco normativo fundamental que integra el bloque de constitucionalidad boliviano y garantiza que las empresas compitan en estricta igualdad de condiciones. El Auto Supremo 1190/2026 vulnera flagrantemente este derecho al otorgar a Fancesa prerrogativas exclusivas del Estado, como la imprescriptibilidad de sus créditos y la inembargabilidad de sus bienes, lo cual rompe el Trato Nacional de la Decisión 291. Por ello, la consecuencia inmediata de la presentación de este reclamo es la necesidad de suspensión de la ejecución de la cobranza para proteger la supremacía del derecho andino. A partir de ahora, corresponde aguardar el posible desarrollo del procedimiento de revisión por la Secretaría General de la CAN y, en su momento, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN)”.
Finalmente, la representación de Soboce ratificó que continuará con las acciones correspondientes en instancias nacionales e internacionales para resguardar sus derechos, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones de este fallo para el clima de negocios en el país.
Al respecto, Barrientos concluyó que “un Estado que protege judicialmente de forma exclusiva a las empresas de capitales bolivianos destruye su imagen como destino de inversiones por parte de la comunidad internacional”.
Fuente: Correo del Sur
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