La Defensoría del Pueblo evidenció la “omisión del control y fiscalización” de las actividades mineras, por parte de las autoridades del Estado en sus diferentes niveles, y que eso fue determinante en la vulneración de derechos, como en la generación del conflicto socioambiental en el municipio de Mapiri, departamento de La Paz, donde se enfrentaron la comunidad indígena Leco Charopampa y la Cooperativa Minera Aurífera 15 de Mayo, según una nota de prensa de esa institución.
Estas consideraciones, de acuerdo con el mismo reporte, están descritas en el informe “Vulneración de derechos por omisión del control y fiscalización de actividades mineras en el municipio Mapiri”, que contiene los resultados de una investigación que realizó la Defensoría del Pueblo ante las denuncias recibidas de las partes en conflicto.
Entonces, “estamos ante una problemática compleja y cada vez más frecuente: la emergencia de conflictividad socialambiental en las actividades mineras. Esto se produce porque la minería actúa al amparo del Estado, pero sin que éste realice el suficiente control del cumplimiento de garantías constitucionales respecto a los derechos humanos, tales como la consulta previa y el medio ambiente sano o la protección de los derechos de la Madre Tierra”, dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La Defensora recordó que el conflicto en Charompampa comenzó en 2012, cuando la cooperativa recibió del Estado los derechos mineros para efectuar la explotación de oro, que se inició en 2017.
Señaló que esta actividad generó impactos ambientales que, a su vez, han derivado en un conflicto mayor con la toma de rehenes e instalaciones en 2021. Aunque, en agosto de ese año, después de varios meses de tensión y enfrentamiento, la cooperativa y la comunidad suscribieron un acuerdo de explotación conjunta en el sector, que tranquilizó temporalmente la zona.
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