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El procurador del Estado, Pablo Menacho, aseguró que el proceso de nacionalización de empresas estratégicas está consolidado y sin ningún riesgo, luego de haberse resuelto de manera “amistosa” los conflictos derivados de esa política puesta en marcha a partir de 2006 por el gobierno de Evo Morales.
“El proceso de nacionalización está consolidado, no existe absolutamente ningún riesgo. Bolivia ha logrado resolver de manera amistosa todos los casos relativos al proceso de nacionalización. Sean concluido con las controversias y hoy es un proceso definitivamente saneado, completamente libre, se podría decir”, explicó.
Habló del tema en una entrevista con los medios estatales a propósito de la conclusión de la defensa en el arbitraje planteado por Glencore Finance (Bermuda) por la expropiación del complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio y la mina Colquiri.
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Ahora, dijo, están en curso cuatro litigios sobre “casos que nada tienen que ver con el proceso de nacionalización porque estuvo enfocado principalmente en las áreas de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y aeropuertos”.
Lo que ahora está en controversia son los casos Glencore, Orlandini, controversia que datan de finales de los noventa; “hemos concluido y hemos tenido éxito en el caso South American Silver donde ganamos, ahí teníamos una demanda de 385 millones de dólares, que se termina resolviendo a favor del Estado boliviano y se determina una compensación de 18 millones de dólares. Y hemos sacado a Bolivia del caos Jindal”.
Morales inició en 2006 un proceso de nacionalización de las empresas estratégicas del Estado que estaban en manos de transnacionales.
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La Razón
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