La Fiscalía Departamental de La Paz dio por concluida la investigación del caso consorcio y presentó el pliego acusatorio para que el juez ordene el inicio del juicio oral y contradictorio. El principal implicado es el exministro de Justicia, César Siles, además de otros seis implicados, de acuerdo al documento al que EL DEBER tuvo acceso.
El caso dio inicio con una audiencia de acción constitucional en la que se cuestionaba la supuesta falsedad en los documentos presentados por la actual magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, ante la Asamblea Legislativa. La irregularidad no fue investigada en ningún ámbito, pero que la autoridad negó que se haya cometido.
En la acusación firmada por los fiscales Omar Condori, Miguel Cardozo, Wilson Medrano, se solicita al juez anticorrupción N° 17 de La Paz, piden que se inicie el trámite para el inicio del juicio, en el que solicitan que se dicte una sentencia condenatoria contra todos los implicados, en grado de autores, por los delitos de tráfico de influencias, consorcio, y organización criminal.
Los acusados son: Yván Noël Córdova Castillo, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TED) de La Paz); César Adalid Siles Bazán, exministro de justicia de la gestión de Luis Arce; Claudia Marcela Castro Dorado, exvocal del TED; José Ramiro Uriarte Ortiz, abogado de la persona que presentó la acción de cumplimiento; Iván Ramiro Campero Villalba, magistrado suplente de Fanny Coaquira; Sergio Edwin Sarmiento Choque, funcionario del juzgado de Coroico y Oscar Antonio De La Fuente Amelunge, persona que presentó la acción de cumplimiento contra la exmagistrada Coaquira, con antecedentes por estafa, quien está prófugo de la justicia por este caso.
Un muerto
Recordemos que uno de los primeros detenidos fue el exjuez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, quien luego de lograr salir de la cárcel se quitó la vida, mientras cumplía detención domiciliaria. Antes de su fallecimiento, este acusó a los funcionarios de Régimen Penitenciario y al Ministerio de Gobierno, de la gestión de Luis Arce, por someterlo a torturas y presión para direccionar sus declaraciones.
Asimismo, se pide que las condenas deben ser cumplidas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y el recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, respectivamente, más al pago de costas al Estado y reparación de daño civil a calificarse en ejecución de sentencia.
Contexto
El 11 de junio de 2025, De la Fuente Amelunge presentó una acción de cumplimiento por medio de la cual se pretendía suspender del cargo a la Coaquira. El mismo aseguró que la magistrada falseó datos ante la Asamblea Legislativa para ser habilitada para las Elecciones Judiciales, en las cuales resultó electa en diciembre de ese año.
La supuesta adulteración de la experiencia laboral de Coaquira, como docente de la Universidad Unión Bolivariana no fue investigada hasta el momento.
El exjuez Lea Plaza y otros implicados, señalaron a la exvocal Castro como una de las personas que organizó reuniones desde el mes de mayo, para coordinar la presentación de la acción de cumplimiento. Se conoce que éstas se desarrollaron en su oficina particular, en el piso 7 del Shopping Norte, en el centro paceño.
El caso tomó relevancia y provocó la renuncia de Siles, debido a la publicación de un audio en el que, una voz atribuida al entonces ministro, le asegura al juez Lea Plaza que, si emitía una resolución en favor de De la Fuente, suspendiendo a Coaquira y habilitando al suplente, Campero, él tendría todas las garantías de no sufrir represalias.
El Deber
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