La investigación de los delitos financieros que se cometieron en el intervenido banco Fassil continuará en Santa Cruz hasta que la justicia resuelva la apelación planteada contra el traslado del caso a La Paz, explicaron autoridades de la Fiscalía y el Gobierno.
El Ministerio de Justicia, que por su lado impulsa cargos por legitimación de ganancias ilícitas, pidió a un juzgado anticorrupción “acumular” una sola causa penal. El fallo salió el lunes y aceptó llevar los obrados y la investigación a la sede de Gobierno, pero la decisión fue impugnada por la defensa de los principales acusados.
Ayer se sorteó la demanda y la Sala Penal Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz resolverá el caso hasta este viernes. La intervención al banco Fassil se produjo el 26 de abril y derivó en la detención preventiva en Palmasola de su presidente, Ricardo M, además de los gerentes, Jorge Ch y Patricia S. También están en prisión Hermes H y Hernán S, quienes tuvieron cargos ejecutivos.
El fiscal Julio César Porras informó ayer que la jueza Ximena Flores ordenó el “traslado inmediato” del vicepresidente del Fassil, Martín W, al penal cruceño. El exejecutivo estaba internado en una clínica privada.
Los abogados que patrocinan a los exejecutivos del banco denunciaron que no fueron notificados con la decisión judicial promovida por el ministro Iván Lima. El jurista Roly Vaca explicó ayer en La Paz que “esa resolución ya está en el sistema” informático del tribunal, pero las partes no fueron informadas. Ni siquiera el fiscal que atiende el caso, Julio César Porras, fue notificado. Además, el representante del Ministerio Público consideró que el caso “se estaba llevando de manera adecuada” y así tomó distancia de la postura que asumió Lima cuando indicó que el caso estaba “contaminado”.
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“Si hubo algún hecho de corrupción ha tenido que estar denunciado y ninguno de la comisión de fiscales ni la señora jueza ha sido denunciado por este caso. No sabemos en qué se ha basado el señor ministro en decir que está contaminado. ¿Qué es la contaminación? Es cuando hay algo malo”, le dijo el fiscal Porras a EL DEBER.
“El expediente en el caso sigue en Santa Cruz hasta que se agoten las apelaciones y acciones constitucionales y que sean subsanadas dichas observaciones”, informó ayer a EL DEBER el abogado Robin Justiniano, quien también forma parte de la defensa legal de los exejecutivos del banco intervenido en abril por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).
El profesional explicó que “hasta la fecha no se ha realizado la notificación a jueces ni fiscales de Santa Cruz sobre el traslado”, puesto “que son ellos los que pueden decidir si acceden a dicho pedido o no”. “Según lo que se decida se podrá determinar si se envían o no estos expedientes” añadió.
“Todas las personas que discrepen de esta decisión (del traslado del caso a La Paz) tienen derecho a presentar un recurso de apelación y así sucedió”, indicó Lima por su lado tras justificar el traslado del caso “para garantizar el debido proceso” ante “las irregularidades” que se estarían produciendo.
“No vamos a permitir extorsión, corrupción, amenazas o que el proceso del banco Fassil se lleve con irregularidades que han sido permanentemente denunciadas en el departamento de Santa Cruz”, enfatizó el ministro.
La autoridad aclaró que la investigación sobre la muerte del interventor Carlos Alberto Colodro continuará en Santa Cruz. El Ministerio de Gobierno, la Policía y la Fiscalía establecieron que se suicidó, pero aún restan obrados. El dramático deceso se produjo el 27 de mayo, un mes después de la intervención al banco Fassil. La entidad financiera fue señalada por canalizar créditos vinculados y por colocar préstamos por encima de los límites legales.
Samuel Durán, otro de los abogados de la defensa de los banqueros, afirmó que se apeló la decisión del traslado porque se vulneraron varias garantías. Cuestionó los argumentos de Lima de vincular todos los cargos en un solo proceso, cuando “el delito financiero no está incluido en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz” como sí lo está la legitimación de ganancias ilícitas, sobre la que sí tiene tuición ese ministerio.
En el proceso de legitimación, las investigaciones incluyen al menos a 50 empresarios identificados por ASFI, los cuales recibieron créditos vinculados. “Como ministerio nos vamos a encargar de que nunca más una estructura comercial como es un banco se utilice para la legitimación de ganancias ilícitas”, enfatizó Lima.
La diputada Laura Rojas, quien es parte de la alianza Creemos, hizo notar que el ente regulador no se ha manifestado en este proceso. Dijo que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, no respondió a ninguna de las solicitudes de información desde el 19 de junio.
“De acuerdo con las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora, durante el gobierno de Jeanine Áñez, la ASFI aprobó el incremento de capital del Banco Fassil, pero estas acciones fueron concretadas por funcionarios de alto rango que estuvieron en esa institución desde que Evo Morales era presidente y Arce era su ministro de Economía”, afirmó.
En sus solicitudes de informe identificó a tres funcionarios. Una de ellas, afirmó, “incluso apoyó a Colodro en la intervención de Fassil”.
EL DEBER cotejó los nombres de las personas señaladas en la solicitud de informe con el registro de la Contraloría. Los tres funcionarios renovaron su declaración jurada entre mayo y este mes. Continúan en funciones. “También le hemos pedido que informe y explique por qué el ex director ejecutivo de la ASFI Reinaldo Yujra dijo que no había problemas de liquidez, que todo estaba bien en Fassil y después realizaron la intervención”, dijo.
En la investigación se reveló que Fassil pidió ayuda al Banco Central por $us 73 millones, pero no le fue concedida. Tras la intervención, las cuentas pasaron a nueve bancos del sistema.
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La diputada Ninoska Morales (MAS), por su lado, valoró la decisión de que el caso sea traslado a La Paz. “En Santa Cruz hay un desorden institucional. El rato menos esperado hay tomas de instituciones, mandan a pegar autoridades. En fin, esta serie de hechos hace que se tome este otro tipo de decisiones”, señaló en declaraciones al canal de televisión DTV.
Además, señaló que “los mayores implicados en el banco Fassil son empresarios en Santa Cruz que han sido parte de todas las movilizaciones dentro del paro cívico, los cabildos”. “El caso habrá que llevarlo a un lugar donde no exista presiones y el Ministerio de Justicia pueda trabajar de forma más autónoma y sin las presiones de quienes han sido parte del banco Fassil”, complementó.
El director nacional de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Douglas Uzquiano, afirmó por su lado “que si el caso se traslada a La Paz no habrá cambios” en las pesquisas que se realizan con apoyo policial.
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