El Transporte Unificado de Yacuiba se declaró en estado de emergencia y otorgó un plazo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que atienda una deuda que, según el sector, supera los Bs 36 millones correspondientes al programa de Gas Natural Vehicular (GNV).
La medida fue asumida ante la preocupación del sector por la falta de transferencia de recursos vinculados al programa y la necesidad de esclarecer el destino y manejo de esos fondos.
Los transportistas demandan que YPFB cumpla con las obligaciones pendientes y que se establezca una solución que permita garantizar la continuidad de las políticas de conversión de vehículos a GNV.
El reclamo no es nuevo. En años anteriores, dirigentes del transporte y responsables del programa GNV ya habían denunciado la retención de recursos por parte de la estatal petrolera y exigido su transferencia para financiar nuevas conversiones vehiculares.
En este nuevo escenario, el Transporte Unificado de Yacuiba decidió elevar la presión y fijar un plazo a YPFB. De no existir una respuesta favorable, el sector analiza asumir nuevas medidas de presión.
La controversia vuelve a poner en el centro de la discusión el funcionamiento del programa GNV y los recursos destinados a promover la conversión de vehículos, especialmente en una región donde el transporte tiene una alta incidencia en la actividad económica.
Hasta el momento, YPFB no emitió una respuesta pública específica sobre la cifra de Bs 36 millones señalada por el transporte de Yacuiba.
Ahoradigital
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