En medio del conflicto por el Censo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que decisiones políticas están conduciendo peligrosamente al país a un escenario de confrontación, en el cual sufren un trato injusto de parte del Gobierno.
Mediante un comunicado, los empresarios advirtieron sobre este escenario que sería de “vulneración generalizada de los derechos y garantías constitucionales”.
Mencionaron que “suspender las exportaciones de productos alimenticios es una medida política y profundamente injusta”, que tiene graves consecuencias sobre la economía nacional, cuestiona la seriedad del país en el ámbito internacional y afecta directamente a los productores pequeños, medianos y grandes.
Señalaron que, sin ninguna razón, los productores ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones.
La Confederación empresarios observó también que “las acciones que buscan afectar la provisión de energía y combustibles a la ciudadanía y a las empresas, no solo constituyen un delito grave, sino que afectan directamente a la cadena de producción y ponen en riesgo la provisión de alimentos y bienes a todos los departamentos, generando un peligro mayor sobre la economía y la estabilidad social”.
“La toma de empresas y la intención de avasallar unidades productivas revelan la existencia de una amenaza sobre la propiedad privada y sobre el derecho constitucional a la libre empresa. El silencio y la inacción de las autoridades llamadas a prevenir y sancionar estas acciones, evidencian también el debilitamiento de la seguridad jurídica en el país”, dice el pronunciamiento.
En los últimos días, dirigentes afines al MAS anunciaron el cerco a la ciudad de Santa Cruz con el objetivo de desabastecer alimentos y hasta cortar servicios, como medida de presión para obligar a que se suspenda el paro por el Censo.
La CEPB señaló que la confianza se deteriora con la “narrativa anti empresarial que se manifiesta en alusiones descalificadoras y falaces contra personas y empresas que aportan a la construcción del país”.
“Es injusto el tratamiento que se le está dando al sector privado, cuando éste es el que genera y sostiene fuentes de empleo, provee bienes y servicios a la sociedad y aporta con impuestos y contribuciones al sostenimiento de Bolivia”, dice su comunicado.
Indicó que el Gobierno Nacional está en la obligación de dar solución a la agenda ciudadana, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio, priorizando el diálogo y evitando así la adopción de medidas de presión que pongan en riesgo la paz en el país.
Frente a esta situación, la Confederación de Empresarios pidió de manera urgente retornar a la senda de la prudencia, sensatez y diálogo, además de establecer un proceso de encuentro sobre tres premisas elementales: confianza mutua, buena fe e intermediación equitativa y equilibrada.
Finalmente, reafirmó el compromiso del empresariado con Bolivia y el apoyo a los espacios de diálogo.
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