La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se refirió este viernes a los conflictos por avasallamientos y pidió al Gobierno que sea drástico en las sanciones contra los responsables de las tomas de tierras.
La entidad empresarial se refirió a los enfrenamientos generados tras el avasallamiento del predio agrícola Santagro, ubicado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, donde fallecieron dos personas, según nota de prensa.
“Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad y ponen en riesgo la producción y el trabajo. Pedimos que el gobierno sea drástico para sancionarlos, pero sobre todo oportuno y eficiente para evitarlos”, señala el pronunciamiento de la CEPB.
El día de ayer, la Cámara Nacional Industria y las Cámaras Departamentales de Industria se pronunciaron sobre el mismo tema señalando que los avasallamientos “atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada y generan alta inseguridad jurídica para la inversión, tanto de personas naturales como de personas jurídicas”. Asimismo, urgen a las entidades del Estado para que “intervengan de forma inmediata en estos hechos, hagan respetar el Estado de derecho y la propiedad privada, preservando la seguridad jurídica, e impongan sanciones con el máximo rigor y en el estricto marco de la Ley, para evitar una escalada de violencia e inseguridad jurídica”.
El incremento de los avasallamientos, principalmente a predios agrícolas, se ha convertido en un problema grave para el gobierno y los sectores económicos por su recurrencia y la violencia con que se realizan. El pasado 17 de diciembre, el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo informó que a nivel nacional se registra un promedio mensual de 22 denuncias de avasallamientos de tierras. Por su parte los empresarios han señalado en varias oportunidades su preocupación por el tema, debido a sus consecuencias sobre la seguridad jurídica, la inversión y la producción.
El presidente de la CEPB Giovanni Ortuño, en su discurso de posesión el pasado 15 de marzo, señaló que “La inversión privada está desprotegida no solo por la ausencia de normas que la defiendan y la incentiven, sino por el aumento de los avasallamientos, los bloqueos y los conflictos sociales que la ponen en peligro”.
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