México inaugura una “nueva era” este lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado.
Jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y estatales completan los más de 2.000 cargos que asumen funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
Dicha elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13% del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos que se emplearon para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
“Bienvenido el nuevo poder judicial, un hecho inédito y profundamente democrático”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su primer informe anual de gobierno, que coincidió con la instalación de los magistrados.
Añadió que con los nuevos jueces “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos.
Destaca la llegada del indígena mixteco Hugo Aguilar, el candidato más votado, a la presidencia de la Suprema Corte conformada por nueve integrantes, seis de ellos cercanos al oficialismo.
Sus raíces indígenas fueron realzadas durante una ceremonia de “consagración” de bastones de mando que se entregarán a cada uno de los jueces supremos, efectuada en un sitio arqueológico prehispánico del sur de Ciudad de México.
“Tengan la seguridad de que es una corte distinta (…), aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”, dijo a periodistas Aguilar, antiguo funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), durante la ceremonia.
MIRA AQUÍ: La CELAC convoca a una reunión de urgencia por despliegue militar de EEUU en el Caribe
Los bastones consagrados son una muestra de “confianza a alguien que tiene la sabiduría para aplicar la justicia”, explicó a la AFP Efraín Solano, líder indígena zapoteco que participó del ritual.
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar algunos puestos de la Suprema Corte y jueces locales en una decena de estados, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum.
Opositores y activistas insisten en que la reforma no busca resolver la impunidad, que en México supera el 90%, ni mejorar la impartición de justicia, sino “capturar políticamente al Poder Judicial”, señala Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs.
El activista, cuya organización monitoreó los comicios, opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno en tribunales clave, y distribuyó masivamente volantes donde se orientó el voto hacia aspirantes favorables al oficialismo.
En los estados, los procesos “fueron determinados por los gobernadores”, explica Meza, lo que facilitó la selección y el triunfo de ciertos perfiles.
Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” porque poseían antecedentes penales, por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con grupos del crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza.
MIRA AQUÍ: Maduro dice que ocho barcos de EEUU con 1.200 misiles “apuntan hacia Venezuela”
Una de ellas fue Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien asumirá como jueza penal en el estado de Chihuahua (norte).
Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”.
El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.
Mira también
Fuente: AFP
