El ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca, dijo este jueves que «no se puede hablar de un crimen de Estado» en el caso de los niños asesinados en Guayaquil, quienes desaparecieron el 8 de diciembre tras ser aprehendidos por una patrulla militar.
«Las investigaciones están en curso (…) Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo, eso se determinará con las pruebas. Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargos por el delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad», dijo De la Gasca en una rueda de prensa en Guayaquil.
El ministro pidió «educarse primero antes de hacer afirmaciones en ese sentido» y entender su repercusión, pues, dijo, hasta el momento el asesinato de los menores «no fue endilgado en la imputación» que se realizó contra los militares.
«Eso está abierto en una investigación que tendrá que manejar la Fiscalía, porque hay que establecer si en efecto se derivó o no se derivó de la desaparición forzada inicial, eso es importante», señaló.
«Por favor, mucho respeto con la rigurosidad de las investigaciones y mucho respeto por los fallecidos, con tejer lucubraciones que lleven a endilgar necesariamente un nexo causal, un vínculo, un curso causal, entre el primer acto de la desaparición forzada, que ya está procesado, y el lamentable el asesinato de los niños», agregó.
De la Gasca dijo que el crimen «no puede quedar impune» y que han pedido a la Fiscalía que lo investigue. «Creemos que esos responsables tienen que ser llevados ante la Justicia, pero eso lo dirán las investigaciones», precisó.
La desaparición de los menores
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos, que circularon en redes sociales, se observa cómo un grupo de soldados detienen a los menores cerca de un centro comercial y los embarcan en una camioneta.
Los uniformados, según las primeras versiones, trasladaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y en el camino los dejaron en libertad.
El 24 de diciembre, una jueza determinó que esta desaparición debe ser investigada como «forzada» y con «responsabilidad del Estado», tras aceptar un hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores, y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión «no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos».
Además, el pasado martes, los 16 soldados fueron procesados por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos, y un juez ordenó su prisión preventiva mientras duren las investigaciones.
Al término de la audiencia, la Fiscalía informó que unos restos calcinados que fueron encontrados en una zona pantanosa, muy cerca de donde los menores desaparecieron, correspondían a los de los menores, por lo que el abogado de las familias, Abraham Aguirre, dijo que muy probablemente la Fiscalía abriría otra investigación por ejecución extrajudicial.
Los menores fueron enterrados el miércoles en un cementerio de Guayaquil, en medio del pedido de justicia de sus familiares y conocidos.
Apoyo del Gobierno a las Fuerzas Armadas
El ministro De la Gasca informó que no se prevé por el momento ningún cambio en el interior de las Fuerzas Armadas tras este caso y que estas tienen «el respaldo del Gobierno».
«Lo que puedan haber hecho o no puedan haber hecho ciertos militares no debe ni puede empañar la imagen de las Fuerzas Armadas ni de las fuerzas del orden. No caigamos en ese discurso politiquero», señaló.
Añadió que el apoyo a las Fuerzas Armadas «es vital» debido al «conflicto armado interno» que está «librando» el país, que fue declarado por el presidente, Daniel Noboa, en enero del año pasado, con el objetivo de luchar contra las bandas del crimen organizado.
«Creemos que existe una campaña, a propósito de las elecciones, promovida por las agendas de impunidad, de las mafias y de los brazos políticos que tienen estas mafias, para tratar de tirar una cortina de humo en contra de las Fuerzas Armadas para provocar que se termine el conflicto armado interno y volver a la situación de desgobierno y de narcoestado que ya se proyectaba antes», afirmó.
EFE
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