El Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, ha puesto a miles de presos a trabajar limpiando las calles y las playas, arreglando hospitales y escuelas, en la construcción, en talleres mecánicos y textiles y en otras muchas ocupaciones.
Uno de sus programas insignia es el que se desarrolla en el centro de formación laboral La Esperanza. Desde allí, 6.600 presos son trasladados al centro industrial de Santa Ana, donde llevan a cabo tareas en un taller textil.
Trabajan en tres turnos cubriendo las 24 horas del día desarrollando tareas específicas. Consiguen una producción masiva de 600.000 prendas al mes. Allí se confeccionan además de los uniformes que utilizan los reos participantes en este programa, la indumentaria de pacientes y personal médico de hospitales.
La actividad de este taller cumplirá un año en noviembre. La idea es que allí se elaboren los uniformes que utilizan a diario más de un millón y medio de niños y adolescentes que asisten a las diversas escuelas e institutos nacionales del país.
Otro de los escenarios que más ha llamado la atención es el taller mecánico situado en uno de los sectores del centro penal La Esperanza. El centro cuenta con especialidades como mecánica general, alineado y balanceado, aire acondicionado, pintura o tapicería.
Allí trabajan unos 900 reos que, al igual que en el espacio anterior, cubren en turnos las 24 horas del día, reparando y dando mantenimiento incluso a vehículos policiales, mientras cumplen su condena.
Estas experiencias se enmarcan en la iniciativa Plan Ocio Cero Carcelario que el Gobierno de Bukele puso en marcha en 2020 y que se ha ido ampliando. En un primer momento, solo fueron 147 reos los que colaboraron limpiando playas y entregando paquetes alimentarios en plena pandemia de coronavirus, mientras que ahora son miles los que participan de trabajos muy diversos.
El programa no está habilitado para quienes han cometido delitos graves, como violaciones o asesinatos, ni para pandilleros, sino para quienes han cometido delitos menores y tienen buena conducta. Quienes son incluidos acceden a capacitación y trabajo, que les brinda experiencia laboral en aras a su posterior reinserción en la sociedad.
Estos proyectos permiten proveer a instituciones del Estado de productos y servicios de calidad a un costo menor, mientras se contribuye al proceso de rehabilitación y tecnificación de la población privada de libertad, según el informe de 2023 del Ministerio salvadoreño de Seguridad Pública y Justicia.
Fuente: RT
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