El sonido de Colombia es el del temor y la incertidumbre. En las calles de algunas ciudades se escuchan disparos que retumban en la oscuridad, carreras y gritos. El país vivió este martes una nueva jornada de violencia que ha alertado a los organismos internacionales.
La ONU y la Unión Europea han condenado la brutalidad policial y han pedido que los responsables de la represión respondan por sus actos. Hay 20 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos desde que las protestas arrancaron el miércoles pasado por una reforma tributaria que el presidente Iván Duque ya ha retirado. La marcha atrás no ha enfriado los ánimos.
Las escenas más impactantes llegan desde Cali, donde se ha producido el mayor número de muertes. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes fueron constantes durante la noche. Hay imágenes de carros blindados y helicópteros dispersando a la multitud con gases lacrimógenos y detonaciones de armas.
El caos fue aprovechado por bandas delincuenciales locales para enfrentarse entre sí, según testigos. La primera planta de un hotel donde se hospedaban unos policías fue pasto de las llamas. Los manifestantes colocaron retenes en las principales carreteras de acceso y el aeropuerto se encontraba bloqueado. Las estanterías de los supermercados estaban vacías.
Las autoridades han abierto corredores para que la ciudad, de 2,2 millones de habitantes, pueda abastecerse de gasolina, medicinas y alimentos. Cientos de miles de pollos que llevaban tres días sin comer por falta de pienso fueron liberados por sus dueños e inundaron una carretera.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos explicó que sus responsables, sobre el terreno, han sido testigos de “un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. La portavoz de la oficina, Marta Hurtado, en una nota de prensa, aseguró que los agentes utilizan munición real y golpean a los manifestantes. “Según informes preliminares, los policías mataron e hirieron a varias personas”, dijo. Y añadió que esto ocurrió “en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes de la protesta también han sido violentos”.
Bruselas también ha reaccionado a la crisis colombiana. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, dijo que la Unión condenaba los actos de violencia, que apuntan “contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión”. Dijo tener confianza en las instituciones colombianas para investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos.
Las protestas, en su mayoría pacíficas, han derivado en ocasiones en actos vandálicos. Los manifestantes han quemado autobuses y bancos y han saqueado comercios. Las autoridades aseguran que hay más de 400 policías heridos. Hay más de 500 detenidos y la policía dice haber identificado a decenas de asaltantes más que están siendo buscados.
El presidente Iván Duque ha calificado estos disturbios como “terrorismo urbano de baja intensidad”. El tótem de la derecha colombiana, el expresidente Álvaro Uribe, escribió en un tuit, borrado más tarde por la red social por contravenir sus normas, en el que apoyaba el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad. La izquierda lo interpretó como una invitación a un derramamiento de sangre.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los ataques contra los uniformados son acciones coordinadas por “disidentes” infiltrados en las protestas. Dice que han sido premeditadas, organizadas y financiadas por las disidencias de las Farc, un pequeño grupo que no se atuvo al proceso de paz, y el ELN, la última guerrilla reconocida de Colombia. Por ahora no hay pruebas de que sea así. Molano contó que cuando una caravana de la policía buscaba en Cali gasolina para abastecerse, un grupo de asaltantes atacó las gasolineras cercanas y extorsionó a sus dueños.
El presidente desplegó al ejército para contener los actos de violencia, pero no ha dado resultado. Al revés, ha elevado la tensión. La respuesta del Gobierno ha sido redoblar efectivos. El director de la policía, el general Vargas, anunció que reforzará Cali con casi 1.500 policías más. Vargas no dio cifras concretas sobre muertes, solo aseguró que sus agentes actúan en defensa propia y respetando la ley. “Nadie ha dado instrucciones de disparar”, dijo.
Las cifras son muy inciertas, por ahora. HRW ha recibido 25 casos de personas asesinadas durante las protestas. Hasta el momento han confirmado siete casos con nombres y apellidos. Cinco de ellos ocurrieron en Cali, uno en Soacha, el caso de un policía, y el último un joven de Ibagué que volvía a casa cuando un agente le disparó en el pecho. La organización trata de documentar otros 18 casos.
La renuncia de Duque a continuar con una reforma fiscal era un llamado a calmar los ánimos en la calle. Por el camino, Duque sacrificó al ministro de Hacienda que la había ideado, Alberto Carrasquilla. Nada de eso ha conseguido que regrese la normalidad al país. Negocios y servicios públicos continúan a medio gas. Hay carreteras cortadas por todo el país, pueblos y ciudades a las que no se puede entrar. Las centrales obreras que convocaron el paro no tienen intención de marcharse a casa; es más, su intención es que mañana se produzca la mayor movilización habida hasta ahora.
Duque vive momentos de zozobra. The Economist lo ha calificado como un presidente débil que de aquí al final de su mandato, en 11 meses, no podrá sacar adelante muchas iniciativas porque no tiene mayoría en el Congreso. El presidente pretende sacar adelante una nueva reforma de consenso, pero vista la poca popularidad de la medida pocos políticos querrán subirse a ese barco.
Es cierto que la reforma fiscal fue lo que provocó las protestas, pero ha sido la situación general del país, golpeado en estos momentos por la crisis económica y una tercera ola de contagios todavía más agresiva que las anteriores, lo que ha generado este gran descontento.
El País (de España)
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