Un año después de la catástrofe que devastó el puerto de Beirut, Líbano sigue en estado de coma político y económico, atrapado en las arenas movedizas de un Estado fallido. El colapso nacional es aún más grave que el del 4 de agosto de 2020, cuando el estallido de toneladas de nitrato de amonio, utilizado para fertilizantes y explosivos, causó 218 muertos, dejó heridas a unas 7.000 personas y desplazó de sus hogares a 300.000 beirutíes, con unos daños estimados en hasta 5.000 millones de euros. Lama Fakih, directora de crisis y conflictos de Human Rights Watch, resume, en un informe presentado el martes en teleconferencia desde Beirut: “Las pruebas recabadas muestran de forma manifiesta que se debió a acciones y omisiones de altos cargos libaneses que no informaron del peligro que suponía el nitrato de amonio, a sabiendas de que se hallaba almacenado en condiciones inseguras, y que no supieron proteger a los ciudadanos”.
Fue una de las mayores explosiones no nucleares registradas en tiempos contemporáneos. Y se llevó por delante también el régimen clientelar de partidos étnicos y religiosos surgido hace tres décadas, tras la sangrienta guerra civil que azotó durante 15 años al país del Levante mediterráneo. Cuatro primeros ministros han pasado en el último año por el poder sin que ninguno haya logrado formar un Gobierno estable. Líbano sigue paralizado, mientras la comunidad internacional se niega a reflotar su economía en bancarrota si no se aplican reformas drásticas contra la corrupción. En los meses previos a la explosión, las protestas sociales contra una clase dirigente que solo busca perpetuar el statu quo ya habían agitado las calles libanesas en una escala sin precedentes desde el conflicto civil.
Pero con las cuentas en divisas en la banca sometidas a un corralito; sin combustible en las gasolineras, ni apenas medicinas ni alimentos básicos en farmacias y supermercados, y la libra libanesa devaluada en un 90% frente al dólar y la inflación que ha superado el 200% a lo largo de los dos últimos años, Líbano se desliza hacia al caos. La mitad de sus 4,5 millones de habitantes y casi todos los refugiados —un millón de sirios y cientos de miles de palestinos— han caído bajo el umbral de la pobreza extrema.
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Desde la segunda conferencia de donantes para Líbano, organizada en diciembre del año pasado, se han logrado superar los 280 millones de euros comprometidos por la comunidad internacional en asistencia de emergencia. El presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto encabezar este miércoles una tercera conferencia virtual “de apoyo a la población libanesa” —subrayando que no va dirigida al Gobierno ni a las instituciones— para la que la ONU ha cifrado en más de 350 millones de euros el objetivo de ayuda urgente necesaria.
Francia espera que este nuevo cónclave internacional sirva para impulsar a los líderes de Líbano a formar de una vez Gobierno, una demanda constante desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, las presiones externas no han surtido efecto, pese a las crecientes amenazas de sanciones desde la comunidad internacional, cada vez más frustrada con el bloqueo político libanés. En vísperas de la cita, fuentes del Elíseo han adelantado que “será la ocasión para reafirmar la necesidad de constituir rápidamente un Ejecutivo capaz de aplicar las reformas estructurales esperadas por la población, que permitirán ofrecer una ayuda en profundidad que vaya más allá de la emergencia”.
En la conferencia participarán, entre otros, el presidente libanés, Michel Aoun, así como sus homólogos estadounidense, Joe Biden, que tiene previsto enviar un mensaje por vídeo, y egipcio, Abdelfatá al Sisi. También asistirán telemáticamente los máximos responsables de la ONU y el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a altos representantes diplomáticos, incluido el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.
Disputas sectarias entre partidos confesionales
La designación del suní Nayib Mikati, un multimillonario que ya ejerció como primer ministro en 2005 y de 2011 a 2014, ha abierto desde hace una semana una vía de escape para que Líbano se aleje del actual desgobierno. Todos los intentos para formar un Ejecutivo se han estrellado en el último año contra las disputas sectarias entre sus 18 comunidades étnicas y religiosas, mientas la economía entraba en bancarrota. Hasta el mismo Ejército —uno de los escasos pilares comunes de la nación y único contrapoder efectivo ante las bien equipadas milicias de Hezbolá— ha pasado literalmente hambre, junto con la mayoría de los libaneses, y ha tenido que reclamar ayuda exterior para alimentar a las tropas.
El empresario Mikati —considerado uno de los hombres más ricos de Líbano, tras vender en 2005 su compañía de telecomunicaciones por 4.650 millones de euros— recibió el voto de investidura de 72 de los 118 diputados del Parlamento. Entre ellos figuraban los chiíes de Hezbolá y los suníes seguidores del ex primer ministro Said Hariri, quien renunció el mes pasado a formar Gobierno tras intentarlo en vano desde octubre. Los vetos cruzados de los cristianos a los suníes y de los chiíes proiraníes a las fuerzas prooccidentales siguen forzando el bloqueo político en una nación multicultural situada en el ojo del huracán de Oriente Próximo.
En París nadie oculta la frustración por los escasos avances políticos en Líbano desde la explosión del puerto de Beirut. “La situación sigue degradándose, la necesidad de un Gobierno es cada vez más urgente”, subrayan fuentes de la Presidencia francesa. Mikati está negociando su formación y “tiene que conseguirlo”, insisten. Lo que Macron y los demás responsables internacionales quieren es “un Gobierno que haga el trabajo que todo el mundo espera de él y por el momento no es el caso”, lamentan. Francia resume en tres las tareas que deberá abordar el nuevo primer ministro con urgencia: “Reformas estructurales, retomar seriamente las negociaciones con el FMI y preparar las elecciones del año que viene”.
La Unión Europea comparte la misma preocupación. “Un barco en medio de un temporal precisa un capitán y una tripulación para funcionar; si no, se hunde”, advirtió el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, el pasado junio en Beirut. Si no se forma un Gobierno de perfil técnico con amplio respaldo parlamentario para aplicar urgentes reformas políticas y económicas a fin de atajar el descontrol público y la corrupción, puntualizó entonces Borrell, no habrá ayuda internacional.
Investigación de Human Rights Watch
Human Rights Watch (HRW) reclamó el martes una investigación internacional sobre la explosión que hace un año sacudió la capital libanesa. En un informe presentado desde Beirut en una teleconferencia, la ONG con sede central en Nueva York asegura contar con pruebas de que altos cargos del país estaban al tanto de los riesgos que implicaba el almacenamiento inseguro de toneladas de nitrato de amonio durante casi seis años en un depósito del puerto beirutí sin apenas vigilancia. HRW sostiene que el presidente de Líbano, Michel Aoun; el entonces primer ministro, Hasan Diab, y responsables de la seguridad del Estado habían sido alertados del peligro varias semanas antes de la catástrofe y no actuaron en consecuencia.
“Las evidencias son claras, pero el sistema político les permite eludir sus responsabilidades”, destaca el informe en el que se investiga la explosión. La directora de crisis y conflictos de HRW, Lama Fakih, sostiene: “Las cicatrices de la devastación siguen visibles en la ciudad y las víctimas y sus familias siguen esperando una respuesta”. “En un contexto de prolongada corrupción y desgobierno (…) numerosas autoridades son responsables, cuando menos, de negligencia en la supervisión de material potencialmente explosivo”, precisa la investigación, que arranca en 2014 con la llegada del cargamento al puerto.
El presidente Aoun ha admitido que estaba al tanto de la presencia del nitrato de armonio desde el 21 de julio del año pasado, y que pidió a uno de sus colaboradores que siguiera el asunto. El primer ministro Diab recibió la misma información el 3 de junio, pero no tomó medidas y la derivó a Justicia y Obras Públicas.
El documento procedía del Consejo Superior de Defensa, en el que ambos dirigentes participaban, y que tenía constancia del almacenamiento de toneladas del producto químico desde 2019. El juez Tarik Bitar, que investiga los hechos, ha llamado a declarar a Diab y a varios exministros. Aoun se muestra dispuesto a comparecer ante la justicia. Pero HRW sostiene que la investigación se ha atascado ante la inmunidad de la mayoría de los citados.
La explosión pulverizó el puerto y afectó a la mitad de la capital. Más de 75.000 viviendas resultaron dañadas. El Banco Mundial ha confirmado que Líbano atraviesa la peor crisis económica de su historia y una de las más graves a escala global desde el siglo XIX. La catástrofe, sumada a la pandemia, ha forzado el desplome del PIB un 20,3% en 2020.
Tomado de elpais.com
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