GINEBRA — Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, retrasó la publicación de una base de datos de empresas que realizan negocios con los sectores ocupados por Israel en Cisjordania, una decisión que fue elogiada por las organizaciones que apoyan a Israel pero que también causó la indignación de organizaciones de derechos humanos que desean que el informe sea publicado de inmediato.
La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas ha trabajado durante tres años para compilar esa base de datos de empresas que han permitido, apoyado o sacado ventaja directamente de los asentamientos, que se consideran ilegales según el derecho internacional.
Esa instancia ya estaba bajo un intenso escrutinio debido a retrasos previos en la publicación de la base de datos. Israel y sus aliados temen que esa información se utilice como una lista negra para boicotear o penalizar a las empresas que hacen negocios en los territorios ocupados. Y a algunas compañías les preocupa que la base de datos pueda establecer un peligroso precedente al hacer que las empresas rindan cuentas sobre cuestiones de derechos humanos que escapan a su control.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo de 47 miembros que a menudo ha sido acusado de tener un sesgo contra Israel, votó en 2016 para ordenar la creación de la base de datos. En una carta al presidente del consejo que se dio a conocer el martes, Bachelet dijo que necesitaba más tiempo para analizar la situación “debido a la novedad del mandato y su complejidad jurídica, metodológica y objetiva”.
Ella dijo que tenía la intención de cumplir con la publicación de la base de datos “en los próximos meses”, pero no estableció una fecha.
El Congreso Judío Mundial expresó su “profunda gratitud” a Bachelet por haberse abstenido de emprender una acción que, según esa organización, podría afectar los medios de vida de israelíes y palestinos. El congreso sostuvio en una declaración el martes que la publicación no solo debe posponerse, sino “cancelarse en su totalidad”.
Sin embargo, Human Rights Watch, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York, condenó la decisión y pidió a Bachelet que se comprometiera a fijar una fecha para publicar la base de datos.
“La descarada expansión de los asentamientos ilegales por parte de las autoridades israelíes subraya por qué debe publicarse la base de datos de empresas estadounidenses que facilitan estos asentamientos”, dijo en un comunicado Bruno Stagno Ugarte, uno de los directores de Human Rights Watch. “Cada retraso refuerza aún más la participación de las empresas en los abusos sistemáticos de los derechos, una situación ocasionada por los asentamientos ilegales”.
Los activistas de derechos humanos ven la controversia como una prueba la forma en que Bachelet, ex presidenta de Chile, equilibraría la política y los principios bajo la intensa presión de los gobiernos que a menudo enfrentan los altos comisionados de derechos humanos. Bachelet fue nombrada comisionada de derechos humanos en agosto pasado.
Estados Unidos ha condenado el trabajo en la base de datos por estar fuera del mandato de la oficina de derechos humanos y lo considera como un indicador del sesgo profundamente arraigado del Consejo de Derechos Humanos contra Israel. Las autoridades estadounidenses dijeron que esa tendencia fue una de las principales razones de su decisión de retirarse del consejo el año pasado.
El predecesor de Bachelet, Zeid Ra’ad al-Hussein, también retrasó la publicación de la base de datos, citando la falta de recursos. Pero el año pasado emitió un informe preliminar que reveló que la oficina estaba examinando las actividades de más de 200 compañías que hacen negocios con los asentamientos, incluidas 143 con sede en Israel y 22 en los Estados Unidos.
Los grupos de derechos humanos que supervisan el progreso de la investigación creen que la oficina de Bachelet ya terminó su trabajo en la base de datos y no ven ninguna razón para que no se divulgue, según el mandato del Consejo de Derechos Humanos.
Sin embargo, los funcionarios de Naciones Unidas dijeron que siguen recibiendo información sobre las empresas en los territorios ocupados y que la base de datos debe modificarse para tener en cuenta los cambios en la conducta de las empresas.
“Cuando modifican su desempeño, tenemos que tomar eso en consideración al elaborar el informe final“, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Bachelet no está sucumbiendo a la presión política, aseguró Shamdasani y agregó que la publicación no puede demorarse indefinidamente, pero “tenemos que hacerlo bien, y lo publicaremos cuando lo hayamos hecho bien”.
*Copyright: c.2019 New York Times News Service
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