El abogado defensor del narcotraficante Sebastián Marset, Santiago Moratorio Linares, emitió este sábado un comunicado este 3 de octubre de 2026 en el que cuestiona severamente los procedimientos legales en torno a la salida de su representado del país y los supuestos vínculos con los fiscales Roger Mariaca y Alberto Zeballos.
En el documento, fechado en Santa Cruz de la Sierra y La Paz y revelado por el diario El Deber, el letrado sostiene que la entrega de Marset a la DEA, ocurrida el 13 de marzo de 2026, se llevó a cabo sin la notificación ni intervención de ningún fiscal o juez boliviano.
Según el comunicado, la carta que habilitó su salida del territorio nacional fue firmada un día antes, el 12 de marzo, “antes de que existiera ninguna detención”. Ante esta situación, la defensa califica el hecho como un interrogante legítimo sobre cómo se efectúa la entrega de una persona al margen de los fiscales y jueces del país.
Sobre el proceso en EEUU
Asimismo, Moratorio Linares desmintió las versiones que circulan sobre una supuesta negociación de su cliente con la justicia estadounidense. El abogado explicó que el sistema judicial federal de Estados Unidos ofrece tres alternativas: declararse culpable y cooperar con la fiscalía a cambio de una reducción de pena; declararse culpable sin cooperar, asumiendo la condena íntegra; o ir a juicio ante un jurado.
En este sentido, la defensa subrayó que para que Marset estuviera “negociando”, el primer paso habría sido declararse culpable, un camino que no ha tomado, ya que ha optado por ir a juicio, tratándose de vías jurídicamente incompatibles.
Audios y videos de fiscales
Respecto a los recientes materiales de audio y video vinculados a la detención de Mariaca y Zeballos, el comunicado señala que la defensa no corresponde confirmar, negar o interpretar su autenticidad, dado que desconocen su origen y cadena de custodia, y recalca que no les compete pronunciarse sobre un proceso penal boliviano ajeno a su representación.
Finalmente, el estudio jurídico reflexiona sobre la fragilidad institucional evidenciada por estos episodios, citando como ejemplo la detención de un Fiscal General en el mismo aeropuerto por el cual su cliente salió del país sin orden judicial.
Para la defensa, esta problemática refleja fallas institucionales estructurales en la región que permiten el avance de la ilegalidad, un debate que, a su juicio, debe sostenerse sobre información verificada y no sobre rumores.
Fuente: Correo del Sur
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