La consolidación de alianzas híbridas entre potencias autoritarias y redes ilícitas está redefiniendo el escenario de seguridad en América Latina. Rusia, China e Irán han desplegado un modelo que fusiona canales legales, semi-legales e ilegales para proyectar su influencia, facilitar operaciones encubiertas y debilitar las capacidades institucionales de la región, según el informe “Alianzas en la sombra: Potencias autoritarias y el nexo de la guerra híbrida en América Latina”, del think tank búlgaro Center for the Study of Democracy al que tuvo acceso Infobae.
Las tácticas implementadas por estos actores no se limitan a la diplomacia tradicional o la inversión directa. La investigación -escrita por Martin Vladimirov, Sara Gálvez y Brendon Zhan– explica que la convergencia entre poder estatal, crimen organizado y redes de influencia permite a estos regímenes mantener la negación plausible sobre sus actividades, al tiempo que emplean intermediarios privados, empresas fachada, sistemas de transferencia informal y criptoactivos para ejecutar operaciones. De acuerdo con el documento, “los actores criminales reciben protección y acceso a ecosistemas económicos y políticos más amplios, integrándose en el tejido de poder local y regional”.
China ha reforzado su integración comercial en América Latina, representando porcentajes crecientes del intercambio total en países como México (10,2%), Colombia (19,6%), Argentina (13,5%), Venezuela (24,3%) y Bolivia (20,8%). El régimen de Beijing financia proyectos de infraestructura emblemáticos, como el Metro de Bogotá, y otorga préstamos y líneas de swap, generando dependencias de largo plazo.
Rusia, en cambio, concentra su influencia en sectores estratégicos como petróleo, fertilizantes y materias primas, aunque su volumen comercial total con América Latina es menor. Su presencia empresarial está estructurada a través de jurisdicciones offshore y empresas como Rosneft, Gazprom y EuroChem, que generan cerca de 10.000 millones de dólares anuales. El informe señala que, en Brasil, Rusia suministró más del 90% del diésel importado y alrededor del 40% de los fertilizantes entre 2022 y 2026. Estas actividades legales suelen ser la plataforma para prácticas ilícitas, incluyendo el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
Redes de influencia informativa y cultural
La manipulación mediática y la diplomacia cultural forman parte central de la estrategia de penetración autoritaria. Rusia utiliza medios estatales como RT y Sputnik, junto con alianzas con medios locales, para insertar narrativas favorables y difundir desinformación, especialmente en México, Argentina, Venezuela y Brasil. El informe del think tank búlgaro documenta el funcionamiento de “La Compañía”, una red de desinformación vinculada al GRU ruso que operaba en Argentina y Bolivia -entre otros países de África– donde realizaba pagos mensuales a periodistas para difundir mensajes anti-Ucrania y ser un escudo para el ex presidente boliviano -hoy preso- Luis Arce.
China, por su parte, apuesta por acuerdos de cooperación mediática, capacitación de periodistas y la expansión de institutos Confucio, lo que refuerza la dependencia cultural y profesional de actores locales hacia sus narrativas. En Venezuela, empresas chinas han provisto software y entrenamiento para replicar modelos de censura digital, incluyendo el bloqueo de medios independientes y la restricción de redes sociales en períodos electorales. Irán mantiene una presencia informativa limitada, principalmente a través de HispanTV y acuerdos temáticos con TeleSUR, con un impacto regional indirecto.
De acuerdo al Center for the Study of Democracy el vínculo entre potencias autoritarias y crimen organizado se manifiesta en la colaboración para sortear sanciones, facilitar el lavado de activos y mantener el flujo de bienes ilícitos. El régimen de China figura como proveedor clave de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México, operando a través de redes empresariales legalmente constituidas. Los puertos del Pacífico mexicano se usan como puntos críticos de entrada de estos insumos, y las autoridades estadounidenses han identificado redes de lavado que utilizan sistemas bancarios clandestinos chinos para mover hasta 312.000 millones de dólares en transacciones sospechosas entre 2020 y 2024.
Rusia facilita operaciones de minería ilegal en Venezuela, el lavado de dinero a través de empresas pantalla y la evasión de sanciones. El informe describe la implicación de actores rusos y del grupo Wagner en la protección de operaciones extractivas y la comercialización de oro a través de intermediarios en Medio Oriente. También se documenta la circulación de armas rusas en manos de cárteles mexicanos y la cooperación con organizaciones criminales en Bolivia y México.
Irán y redes asociadas al grupo terrorista Hezbollah emplean zonas francas y corredores comerciales para el tráfico de oro y el lavado de activos, utilizando mecanismos de intercambio financiero alternativos. El reporte detalla el caso de la red de Ayman Joumaa, que logró lavar hasta 200 millones de dólares mensuales mediante el tráfico de cocaína y el uso de empresas fachada en Panamá, Colombia y Líbano.
Derivaciones militares y de seguridad hacia redes ilícitas
La transferencia de armas, entrenamiento militar y asistencia técnica complementa las estrategias híbridas. Según la investigación, Rusia ha establecido dependencias técnicas y de mantenimiento en fuerzas armadas de Venezuela, México y Colombia, a través de la entrega de helicópteros, sistemas de defensa aérea y la construcción de infraestructuras como la fábrica de munición Kalashnikov en Venezuela, con una inversión de 474 millones de dólares. La presencia de instructores militares rusos y la instalación de sistemas S-300 de defensa aérea refuerzan la capacidad operativa de estos regímenes.
En Nicaragua, Moscú estableció centros de entrenamiento policial y de vigilancia que otorgan a los servicios de seguridad rusos un acceso operativo semipermanente. El acuerdo firmado en 2025 profundizó la cooperación en inteligencia, entrenamiento y ciberseguridad. Mientras tanto, en México, el 60% de las armas decomisadas a cárteles entre 2022 y 2024 eran de origen ruso, según datos oficiales. Las tecnologías de vigilancia y los sistemas SORM para interceptación de comunicaciones, exportados por Rusia y China, han sido adaptados tanto por gobiernos aliados como por organizaciones criminales, ampliando el margen de acción de actores irregulares.
La colaboración se extiende al uso de empresas militares privadas, como el grupo Wagner, involucrado en la protección de activos estratégicos y el entrenamiento de milicias en Venezuela, así como en la represión de manifestaciones. Además, los acuerdos de defensa con Rusia e Irán incluyen tecnologías de drones y sistemas de guerra electrónica, lo que contribuye a un entorno de seguridad en el que las fronteras entre actores estatales y criminales se diluyen.
El análisis de “Alianzas en las Sombras” concluye que la articulación entre economía, información, crimen organizado y asistencia militar constituye un desafío sistémico para la seguridad democrática y la gobernanza regional, y resalta la urgencia de fortalecer los mecanismos de cooperación, transparencia y control institucional en América Latina. El problema, sin embargo, sigue siendo el mismo: ¿están las instituciones regionales preocupadas por esta penetración? ¿O prefieren mirar para otro lado?
Fuente: Infobae
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