El 18 de julio, una profesora de una escuela primaria de Seúl apareció muerta dentro del armario de su clase. Se había suicidado. Tenía 23 años. Dos semanas antes, escribió en su diario que sufría pánico cada vez que entraba al aula: «Siento una opresión en el pecho. Siento que voy a caer en algún lugar. Ni siquiera sé dónde estoy».
La tragedia abrió la caja de Pandora de los profesores en Corea del Sur. Decenas de miles de docentes respondieron a la muerte de su colega marchando por las calles de Seúl. Exigían una mejor protección en el trabajo ante el acoso frecuente que sufren a manos de padres y estudiantes. De repente, comenzaron a salir a la luz muchas historias de agresiones, acoso sexual y amenazas de muerte.
Las protestas continuaron durante todo el verano. Este mismo lunes, hubo una huelga masiva en todo el país. En la capital, más de 15.000 personas vestidas de negro se plantaron frente a la Asamblea Nacional. El mismo escenario que durante el fin de semana vio congregarse a unos 200.000 profesores cabreados.
Se leyeron varios manifiestos para reivindicar sus derechos y denunciar todos los abusos que sufren a diario dentro de una sociedad extremadamente competitiva, donde los padres llevan al límite sus quejas porque saben que el futuro de sus hijos depende del éxito académico. «Los protegeremos y haremos cambios para que ningún maestro más decida quitarse la vida», rezaba uno de los carteles del grupo que encabezaba las protestas. También se han celebrado varias vigilias recordando a la profesora que se quitó la vida en julio.
No ha sido la única. Los datos oficiales del Gobierno señalan que, en los últimos seis años, hasta un centenar de profesores de escuelas públicas se han suicidado. Corea del Sur, según la Organización Mundial de la Salud, tiene la tasa de suicidio más alta entre los países desarrollados, con más de 20 personas por cada 100.000 habitantes.
En 2021 encontramos el caso de dos docentes que se suicidaron en el mismo colegio por el acoso de los padres de sus alumnos. Uno de ellos había presentado su dimisión, rechazada por la dirección del centro, que calificó las muertes como «accidentes por causas personales». El otro profesor estaba siendo acosado por un padre que le exigía una compensación por una lesión autoinfligida de su hijo.
Sobre el suceso en julio con la profesora de Seúl, la cadena BBC pudo entrevistar a su prima, quien contó cómo la policía, en un principio, atribuyó el suicidio a una ruptura reciente, pero que ella descubrió, gracias a los diarios de la maestra, que llevaba meses sufriendo diariamente acaloradas llamadas y amenazas de los padres. Estos se quejaban de incidentes que habían tenido sus hijos en la escuela.
La marea de profesores que se sumaron a la huelga del lunes denunciaba que los padres también están explotando una ley de bienestar infantil, aprobada en 2014, que dicta que los docentes acusados de abuso infantil son destituidos inmediatamente.
9 DE CADA 10 PROFESORES TIENEN MIEDO
Los medios locales publicaron una encuesta que encontró que nueve de cada diez profesores viven con el temor de ser acusados falsamente de abuso infantil. Según la Federación Coreana de Asociaciones de Maestros, en más de la mitad de los casos de acoso de padres contra profesores, les amenazan con denunciarlos por abuso infantil. «Durante los últimos cinco años, más de la mitad de las denuncias de abuso infantil resultaron infundadas», dicen desde la asociación.
En agosto, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, instó al Ministerio de Educación a tener en cuenta las demandas de los manifestantes: proteger a los profesores de acusaciones falsas de abuso infantil; instituir medidas disuasorias y sanciones para los padres y estudiantes que abusen o acusen falsamente a los profesores; tipificar las denuncias falsas como actos de violencia; reescribir las ordenanzas sobre derechos de los estudiantes para que reflejen no sólo los derechos de los alumnos, sino también sus deberes y responsabilidades.
«Apoyaremos a los profesores para que puedan centrarse en la educación, sin preocuparse por recibir denuncias indiscriminadas de abuso infantil», dijo el ministerio en un comunicado. El Gobierno se ha comprometido a reforzar la autoridad de los educadores y a elaborar un plan para garantizar a los profesores el derecho a «evitar llamadas de los padres a sus teléfonos personales».
Tomado de El Mundo
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