El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se encontraba este jueves atenazado entre la escalada de insultos de la oposición conservadora y la preocupación dentro de su propio partido, a raíz de una concesión en su diálogo con los independentistas catalanes.
La cuestión catalana ocupa estos días el centro del debate político español, convertido en un auténtico tetris de intereses, presiones y cálculos electorales.
El martes se abre en el Tribunal Supremo el histórico juicio contra 12 líderes separatistas, por su papel en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017.
Coincide con el debate sobre los presupuestos de 2019 en el Parlamento, donde el gobierno de Sánchez es muy minoritario y necesita precisamente el apoyo de los partidos secesionistas catalanes, soliviantados con un juicio que califican de «político» y de «farsa».
Los independentistas llevan meses presionando en pos de una mediación internacional en el diálogo entre el gobierno central español y el catalán. Una demanda inaceptable para Sánchez, que optó por una concesión alternativa: designar a un relator independiente, encargado de facilitar el diálogo en una futura mesa entre partidos políticos.
«Este espacio de diálogo entre representantes de los partidos políticos catalanes no afecta en nada a las instituciones del Estado ni a las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat [gobierno catalán], que se siguen desarrollando en el marco legal vigente», dijo, llamando a la tranquilidad, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell.
El gobierno no deja de explicarse, pero la propuesta ha sido aprovechada por los partidos de derecha para lanzarse en tromba contra lo que consideran una «rendición» ante los separatistas que gobiernan Cataluña.
Manifestación de derechas el domingo
El tono lo dio el miércoles el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien lanzó una insólita retahíla de ataques personales contra Pedro Sánchez, calificándolo de «traidor», «felón», «ilegítimo», «mentiroso compulsivo», «ridículo» o «ególatra».
«La España que ha arrodillado Pedro Sánchez la tenemos que poner en pie y en marcha», agregó este jueves.
Para el domingo, su partido ha convocado contra Sánchez una manifestación que se espera masiva en el centro de Madrid. A ella irán también Ciudadanos, de inspiración liberal, y los ultraderechistas de Vox.
Una concentración entre tres partidos que el mes pasado ya se pusieron de acuerdo para expulsar del poder a los socialistas en Andalucía, su feudo histórico, y que según los sondeos podrían conformar una futura mayoría a nivel nacional.
«Ha habido un error de cálculo de parte del gobierno», considera Fernando Vallespín, politólogo en la Universidad Autónoma de Madrid.
«El gobierno pensó que podía convencer a la gente, que esa figura de relator era una figura inocua». Sin embargo, «ha quedado claro que ha sido una concesión inadmisible, que supera una línea roja» para los detractores de Pedro Sánchez, quienes lo acusan ahora de poner en cuestión «un principio fundamental» para seguir en el poder, añade Vallespín.
Cabreo socialista
El líder socialista, al frente de un gobierno muy minoritario en la cámara baja con 84 diputados de 350, necesita los votos de los legisladores independentistas catalanes para hacer aprobar su presupuesto y cumplir su ambición de agotar la legislatura a mitad de 2020.
Su estrategia sin embargo ha abierto ampollas incluso en su partido.
Varios barones socialistas llevan meses levantando la voz contra esta política de acercamiento a los separatistas, por temor a que una parte de su electorado, más sensible a la cuestión nacional, los castigue en los comicios municipales y regionales del 26 de mayo.
«Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho ni la decencia», advirtió el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán.
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«A mí me deja muy perplejo», había dicho a la radio Onda Cero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, refiriéndose a la figura del relator.
El pulso no parece tener solución inmediata, ya que los independentistas se niegan de momento a apoyar los presupuestos del gobierno español y mantienen toda la presión cuando está a punto de abrirse el juicio de sus correligionarios ante el Supremo.
«No lo tiene asegurado [el apoyo al presupuesto], queda mucho trabajo por hacer», dijo este jueves la portavoz del ejecutivo regional catalán, Elsa Artadi.
La Razón
