Unas 3.500 personas murieron por enfermedades cardiopulmonares generadas por la exposición a altas concentraciones de contaminantes durante 2017 en Chile, según estimaciones difundidas este lunes en un informe del Ministerio de Medio Ambiente.
Durante 2017, 22 estaciones de monitoreo de calidad del aire en Chile, que representan el 69% de la red total del país, presentaron concentraciones superiores a la norma anual internacional de 20 microgramos por metro cúbico de material particulado fino (MP2,5), el contaminante más asociado a eventos de mortalidad, según el cuarto reporte de Medio Ambiente difundido por el gobierno.
Ese año se registraron «alrededor 3.500 casos de mortalidad prematura por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica a material particulado fino, lo cual significa un costo social de más de 2.400 millones de dólares».
La cifra representa 2.723 muertes menos que las estimaciones de mortalidad por contaminación difundidas en el informe de 2016 del ministerio de Medio Ambiente.
Asimismo, en 2017 se registraron más de 90.000 casos de emergencia médica por bronquitis aguda y unas 3.000 admisiones hospitalarias por enfermedades vasculares, neumonía, problemas pulmonares crónicos y ataques de asma.
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El estudio reconoce tres grandes fuentes de contaminación del aire: los medios de transporte, las actividades industriales y la calefacción de las viviendas. Asimismo, la actividad productiva también es responsable de generar problemas de contaminación en varias zonas del país.
El uso de leña es la principal fuente emisora de material particulado fino a nivel nacional con un 86,7%. En tanto, los automóviles son la mayor fuente de emisiones de óxido de nitrógeno (31,47%).
Más de ocho millones de personas -de los 17,5 millones de habitantes de Chile- se encuentran bajo exposición de concentraciones promedio de MP2,5 superiores a la norma. Las regiones del centro -donde se encuentra Santiago con más de 7 millones de habitantes- y el sur del país son las más expuestas a la contaminación, según el estudio.
En 2014, el gobierno chileno puso en vigencia un impuesto verde que deben pagar todos los vehículos nuevos por una sola vez. El monto a pagar es proporcional al daño ambiental que la máquina provoca durante su vida útil.
La Razón
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