AHORADIGITAL.- El representante del Comité de Defensa de Tariquía, Juan Mendoza, anunció que los defensores de la reserva se han declarado en estado de alerta tras el reciente fallo del Tribunal Agroambiental que favoreció a las empresas petroleras, calificando como una «pérdida de tiempo y de recursos» la inspección judicial previa, la cual quedó sin efecto.
«Lamentablemente para nosotros ha sido una pérdida de tiempo, una pérdida económica porque… Estábamos haciendo más o menos unos cálculos, se ha hecho entre todos esos 30.000 bolivianos que se ha generado para poder movilizar», explicó el dirigente al detallar el costo autogestionado de su lucha.
La preocupación central de los defensores radica en que el ingreso al pozo Domo Oso X3 representa solo el inicio de una intervención mayor en los bloques San Telmo Norte y Sur. Según el comité, esta actividad petrolera impactaría directamente en más del 50% del área protegida, alterando el ecosistema que regula el clima de la región, advirtiendo que, aunque las consecuencias no sean inmediatas, en una década el pueblo tarijeño lamentará la destrucción de este pulmón natural si no se moviliza ahora para frenar el avance de las maquinarias en la zona núcleo.
A pesar del revés judicial, el comité aseguró que no se quedará de «brazos cruzados» y que ya analizan nuevos mecanismos de presión, aunque evitaron dar detalles por razones de estrategia, no descartaron retomar los puntos de vigilia en la Quebrada de las Vacas para impedir físicamente el paso de las empresas.
El dirigente también reveló que han buscado apoyo internacional sin éxito, enviando cartas y pruebas de irregularidades en la consulta previa a organismos como los Derechos Humanos de la ONU y la Embajada de Brasil desde enero de 2025. , lamentando que, hasta la fecha, no han recibido respuestas de estas instancias ni de las autoridades de medio ambiente.
Finalmente, el Comité de Defensa hizo un llamado a la unidad de la población civil para defender Tariquía como un patrimonio colectivo que garantiza la estabilidad ambiental de Tarija e insistió en que la magistrada del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez, debe actuar conforme a la ley y no «pisoteando los derechos» de quienes protegen la reserva.
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