El Ministerio Público de Perú abrió una investigación preliminar contra los asesores del presidente Pedro Castillo y otros funcionarios de Palacio de Gobierno por el presunto delito de organización criminal, según adelantó este jueves el diario El Comercio.
De acuerdo con la disposición fiscal divulgada por dicho medio, la pesquisa responde a las declaraciones de algunos exintegrantes del Gobierno de Castillo, entre ellos la ex primera ministra Mirtha Vásquez, que denunciaron la existencia de un supuesto «gabinete en la sombra» al que acusaron de «hacer caer en el error» al mandatario.
Por este caso será investigado Biberto Castillo León, quien fue asesor de Castillo hasta el pasado 1 de febrero, luego de que fuera señalado como responsable de la fallida designación de Daniel Salavery como presidente de la petrolera estatal Petroperú.
La investigación también alcanza al subsecretario general del despacho presidencial Beder Camacho y a la asesora presidencial Sandra Paico, entre otros funcionarios como Wilson Petrel, Rodolfo Ramírez, Franco Pomalaya, José Luis Cristóbal Quispe y Jaime Idrogo Mejía.
Tras su renuncia como jefa del gabinete, en enero pasado, Vásquez lamentó las acciones de ciertos asesores de Castillo al considerar que estos armaron una agenda que impedía al presidente mantener una buena comunicación con el Consejo de Ministros.
«Quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene, que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores. En lugar de visibilizar lo que es, pues toman estas decisiones equivocadas», declaró Vásquez en diálogo con la emisora RPP.
Quien tuvo, sin embargo, las palabras más duras contra el entorno cercano de Castillo fue el ex secretario general del despacho presidencial Carlos Jaico, quien en su carta de renuncia advirtió de «la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores del gabinete y funcionarios cual gabinete en la sombra».
Las pesquisas preliminares de la Fiscalía se abrieron por 60 días, aunque podría ampliarse el plazo hasta por 36 meses más por considerarse un caso de crimen organizado, según señala el documento.
Esta información fue revelada un día después de que el pleno del Congreso diera el voto de confianza al gabinete que preside el jurista Aníbal Torres, el cuarto que ha conformado Castillo desde que asumió la Presidencia, hace poco más de siete meses.
A pesar de esta aprobación, que se logró por un estrecho margen, el gobernante todavía debe enfrentar un pedido de destitución presentado por un sector de la oposición política, que lo califica con «incapacidad moral» para seguir en el cargo.
Este pedido comprende 20 puntos, que incluyen justamente la presunta existencia de un gabinete en la sombra, pero también la declaración de una empresaria que ha vinculado al gobernante con una presunta red de corrupción, los supuestos vínculos de un exministro con el terrorismo y tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares.
La moción de destitución, que fue promovida por el legislador Jorge Montoya, del partido ultraderechista Renovación Popular, será expuesta ante el pleno del Congreso en la próxima sesión, cuando se deberá decidir si se acepta o no el procedimiento, para lo que necesita del voto favorable de 52 de los 130 legisladores.
De producirse eso, Castillo o su abogado defensor deberán presentarse ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra, tal como hizo en noviembre de 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, quien finalmente fue destituido.
Una eventual destitución de Castillo, que los analistas consideran que en este momento es poco probable, requerirá del voto favorable de 87 de los integrantes del Legislativo.
La oposición ya intentó impulsar a fines del año pasado una moción de destitución contra Castillo, pero ese pedido no logró conseguir los 52 votos para ser admitido a trámite en el pleno del Congreso.
EFE
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