El expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció este viernes (14.03.2025), por videoconferencia, a su primera audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por presuntos crímenes contra la humanidad en su guerra al narcotráfico. El exmandatario, de 79 años, que esta semana fue detenido y enviado a Países Bajos, apareció en una breve audiencia, en la que se le informó de los crímenes que se le imputan y de sus derechos como acusado.
De aspecto frágil y vestido con traje y corbata azules, habló brevemente para confirmar su nombre y fecha de nacimiento. El presidente del tribunal le permitió seguir la audiencia a distancia desde el Centro de Detención de la CPI, que está a poco más de dos kilómetros de la Corte, porque acaba de «realizar un largo viaje”. Duterte es acusado por la CPI de «crimen contra la humanidad» durante su represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieron relacionados con el narcotráfico.
Su abogado, Salvador Medialdea, declaró ante la corte que su cliente fue «secuestrado de su país». «Fue trasladado sumariamente a La Haya. Para los abogados, se trata de una extradición extrajudicial. Para las mentes menos jurídicas, es un secuestro puro y simple», dijo Medialdea. El letrado añadió que su defendido sufre «problemas médicos debilitantes y que «aparte de identificarse, no está en condiciones de contribuir a esta audiencia».
Plenamente consciente
El abogado también consideró que la extradición se realizó «de forma coordinada por adelantado”, como parte de lo que llamó un «ajuste de cuentas políticas” en Filipinas. Asimismo, aseguró que después de su aterrizaje en Países Bajos el pasado miércoles, Duterte fue trasladado a un hospital, y denunció que no fue hasta este viernes por la mañana, horas antes de la audiencia, cuando se le permitió reunirse con él «menos de una hora”, por lo que no «tuvo tiempo de sentarse” con su cliente para explicarle el contenido de la orden de arresto.
Durante la audiencia, el hombre que dirigió Filipinas entre 2016 y 2022 parecía dormir en algunos momentos. La corte le recordó que el médico del tribunal opina que «es plenamente consciente y apto mentalmente». La jueza fijó el 22 de septiembre como fecha para la siguiente fase del proceso, una vista en la que se confirmarán los cargos.
En la orden de arresto emitida el 7 de marzo, los jueces sostienen que «existen motivos razonables” para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. El crimen fue parte de un ataque «tanto generalizado como sistemático”. Según estadísticas oficiales de la policía, más de 6.000 filipinos fueron asesinados en la «guerra contra las drogas» de Duterte. Grupos de derechos humanos en Filipinas sostienen que la cifra real supera las 30.000 víctimas, y muchos niños estuvieron entre los asesinados.
Fuente: DW
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