Algunas infancias en América Latina transcurren en condiciones precarias. En casos extremos, las menores de edad terminan en uniones con adultos porque sus familias suponen que mejorarán su contexto económico. El matrimonio infantil afecta más a las niñas en la región y México ofrece un testimonio al respecto. En 2021, Angélica fue vendida a un hombre que pagó 120,000 pesos por ella (poco más de USD 5,940).
Cuando la adolescente de 15 años escapó tras múltiples intentos de violación por parte de su agresor, fue encarcelada por las autoridades de Cohopan, Guerrero. La causa de su detención fue el incumplimiento del acuerdo basado en los usos y costumbres del municipio.
La revictimización que sufrió Angélica no es excepcional, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Ella es una de muchas sobrevivientes en América Latina, donde una de cada cuatro niñas es obligada a entrar o permanecer en un matrimonio, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Hace un cuarto de siglo que el problema de los matrimonios infantiles ha visto pocas variaciones. “El combate contra este problema va muy lento”, declaró Sandra Aguilar, técnica del Servicio Social Pasionista, en entrevista con Infobae. El abuso contra la infancia continúa siendo persistente y sus repercusiones han disminuido en pocos niveles pese a los esfuerzos a nivel regional y la colaboración entre instituciones gubernamentales con ONGs, según le dijo a DW Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
El matrimonio infantil sobrevive a las prohibiciones en zonas pobres
El matrimonio infantil está prohibido en varios países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el problema ha afectado a cerca de 58 millones de niñas y corresponde al 9% del total mundial registrado. Si la tendencia continúa, se prevé que sea la segunda región con los niveles más altos de uniones conyugales entre un menor de edad y un adulto para el 2030, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante esta estimación, los gobiernos de diversos países han trabajado para contener el desafío. República Dominicana fue uno de ellos al legislar la prohibición del matrimonio infantil en enero de 2021. La decisión responde a una prevalencia del 36% de estas uniones en las menores de 18 años, según los registros de la asociación Girls Not Brides. Las leyes de nueve países de América Latina prohíben estas uniones y en el Caribe hay dos naciones más que han tomado las mismas acciones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Otro de los estados que en años recientes cambió su legislación es México: a inicio de 2023 se estableció una pena de 22 años de cárcel para quienes obliguen a un menor de edad a casarse con un adulto en comunidades indígenas y afro-mexicanas. Esta nueva ley complementa los cambios de 2019, cuando se modificó el artículo 148 del Código Civil Federal, estableciendo que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años de edad, según el Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. En la actualidad, la prevalencia de este problema es del 21 por ciento.
Aguilar ha identificado una constante en la región: las niñas son entregadas en matrimonio como forma desesperada de escapar de la pobreza. Ella ha coordinado redes de apoyo para niñez y adolescencia en situación vulnerable, donde ha observado cómo las menores de edad en la región terminan en estas uniones entre los 15 y 18 años. En cifras más accesibles, se estima que una de cada cuatro de ellas sufre este problema, de acuerdo con UNICEF.
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