Hablar de “colectivos” en Venezuela es referirse a la sensación de peligro que cualquier ciudadano percibe si expone diferencias con el gobierno en la vía pública. Hablamos de grupos armados. De brazos entrenados para disparar y aterrorizar a la población. ¿De dónde salieron los colectivos?, la primera referencia llega de Cuba –como muchas iniciativas bolivarianas-, representan una versión pro de las Brigadas de respuesta rápida que implementaron los Castro para defender la “revolución” en los años 60 del siglo pasado. En la incipiente época de Hugo Chávez los llamaron Círculos Bolivarianos, de aquella época sobresalieron nombres como el de Lina Ron, que pasó a la historia como una de las primeras seguidoras del chavismo que prometió bala a los que se opusieran al gobierno.
Como antecedente geográfico de lo que hoy se conoce como “colectivos” hay que mencionar a la parroquia Sucre de Catia, en Caracas, reducto de los “Tupamaro”, un movimiento de izquierda que nació a finales de 1970 y se constituyó como el brazo armado que defendía a los trabajadores. Ante los ojos de las autoridades se denominaron Movimiento Revolucionario de los Trabajadores. Pero su accionar en las barriadas de la capital de Venezuela los posicionó como lo que realmente son: Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro). El fundador y vocero principal es José Pinto. Desde el año 2004, cuando legalizaron el partido político Tupamaro, este hombre del barrio 23 de Enero ofrece ruedas de prensa semanalmente en las que cuestiona al imperialismo, a la empresa privada, a la oligarquía y a las posturas blandas del gobierno. Se hacen llamar comunistas y de extrema izquierda.
El auge de los Colectivos también se le adjudica a los Tupamaros y al poder de incidencia que ejercen en el gobierno de Nicolás Maduro. En 2013, recién asumió la presidencia del país, Maduro decidió hacer un “trato” con las bandas criminales y creó las “Zonas de Paz”; territorios de alta peligrosidad en las que, a cambio de dejar las armas, el gobierno garantizaba que la policía no hiciera intervenciones en estas localidades. Sin embargo, después de infinitas denuncias de homicidios, secuestros, robos y extorsión, la política fue desechada y se desató una balacera que hoy continúa entre criminales apoderados de barriadas enteras y las fuerzas especiales de la policía y el ejército, que también son cuestionadas y se les acusa de cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de jóvenes de los sectores más empobrecidos del país.
El 7 de octubre de 2014 el antiguo ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres decidió intervenir en el barrio 23 de enero de Caracas y esa acción le costó el puesto. Fue destituido del cargo. Y hoy, por más razones, ese hombre está en la cárcel, a pesar de haber sido el arma secreta de Hugo Chávez y de haber creado el sistema de inteligencia y tortura en que se convirtió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El colectivo Tupamaro mostró poder, mucho poder en aquella acción. En la mañana de ese día, a las 10:40, el líder del movimiento 5 de Marzo (colectivo), José Odreman Dávila, responsabilizó en televisión nacional al ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez de cualquier atentado en contra de su vida. A las 11:50 de esa misma mañana, Odreman cayó muerto en un enfrentamiento con la Brigada de Acciones Especiales (BAES). La autoridad contra la irregularidad. Esa vez ganó la segunda y Miguel Rodríguez Torres acabó su carrera en el gobierno. Después se hizo opositor y hoy –repito- está en prisión.
Colectivos de la muerte
Siempre que se habla de colectivos, el sinónimo se pasea en una furgoneta. En los últimos años abundan las denuncias que así lo hacen presumir. 12 de febrero de 2014: en el marco de las primeras protestas generalizadas contra Nicolás Maduro asesinaron a Bassil Dacosta –un estudiante-, pero también a Juan Montoya, un seguidor del gobierno. Su hermano Jonny Montoya, asegura que quienes dispararon son colectivos. En 2015, a un año de los dos homicidios, ese hombre denunciaba la participación de los colectivos en una entrevista a la página de izquierda Aporrea:
“Mi familia se dividió por la muerte de Juancho. Algunos dicen que Leopoldo López tiene las manos metidas ahí. Para mí es totalmente falso porque los videos demuestran que fueron dos los colectivos que participaron en la muerte de Juancho, el colectivo Oswaldo Arenas, de Petare, y el colectivo Warairarepano, de Pérez Bonalde (Catia). Ellos confabularon. Y yo no quiero ser defensor de Leopoldo López, ojo. Yo soy defensor de la justicia. Todos los videos y hechos demuestran que a Juancho no lo mató la derecha. A Juancho lo mató una izquierda balurda, una izquierda falsa; unos revolucionarios falsos, y lo digo porque un revolucionario no puede estar matando gente”.
En las protestas de 2017 también hubo denuncias de actuación de los colectivos en varias ciudades del país. En Barquisimeto (Lara), al occidente de Venezuela, los vecinos de la avenida Libertador denunciaron que grupos de civiles armados dispararon en contra de los edificios donde las familias tocaban cacerolas. En Cabudare, también en el estado Lara, familiares de José Miguel Pentano denunciaron que la bala que mató al joven de 20 años mientras protestaba en la avenida La Mata fue disparada por un civil, “llegaron en motos y con la cara tapada, comenzaron a disparar contra la manifestación y se fueron. Ellos lo mataron”. Era el segundo día de paro convocado por la oposición a Nicolás Maduro, era una protesta antigubernamental. Otra vez, los colectivos al servicio de la revolución.
Relación de amor y odio
Aunque actúan bajo el pecho protector del gobierno, la relación de los colectivos con las autoridades depende del día, la hora, las circunstancias y los dolientes. Así como ocurrió con Miguel Rodríguez Torres, a quien le llegó la mala hora. En Venezuela cada Estado, cada ciudad, cada municipio, cada parroquia y cada barrio tienen un referente revolucionario y dependerá de la posición que juegue en el tablero de poder, la permisividad con la que actuarán los grupos armados de esos territorios. No existe una estructura homogénea. Hay luchas de intereses y controles.
Este 2019, por ejemplo, la lupa se posa sobre las fronteras. En el estado Táchira manda Freddy Bernal, hombre policía que se pasea armado por los pueblos con la batuta de ser el “protector” designado por Nicolás Maduro. Se ha ganado varios enemigos del lado colombiano que se disputan el contrabando de una frontera cerrada desde hace varios años. Por su parte, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, también apareció con un grupo de civiles armados en las inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar y Pedro María Ureña en el mes de febrero, cuando Juan Guaidó anunció que entraría la ayuda humanitaria. Ellos son los dos máximos referentes del chavismo en la zona y ambos han posado para las cámaras dirigiendo colectivos.
Otra zona de armas tomar es el estado Bolívar. En la frontera con Brasil y Guyana está el llamado Arco Minero del Orinoco, una zona llena de minas de oro, diamantes, coltán y otros recursos que el gobierno ha priorizado como actividad económica. En noviembre se perpetró la masacre de Ikabarú, un pueblo indígena fue atacado por colectivos. Desde hace varios años las mafias se disputan el control de los yacimientos. En este lugar manda el gobernador Justo Noguera Pietri, se le adjudicó el triunfo en las últimas elecciones a pesar de las denuncias de fraude. La plaza es muy importante para el gobierno por las riquezas que descansan en el subsuelo.
El accionar de los colectivos no está ligado exclusivamente al ámbito político. No solo salen a disparar en contexto de manifestaciones. La defensa de la revolución también implica meterse selva adentro y sacar del juego a los que pretendan hacerse con los minerales.
¿Quién los ampara?
Desde el principio fueron motivados por el máximo representante de la revolución. Hugo Chávez siempre insistió en la frase “pacífica, pero armada”, una y otra vez la utilizó para alertar a la oposición y a los gobiernos que lo criticaron.
El mismísimo Nicolás Maduro también ha sido un promotor de los colectivos. Con su célebre frase en 2014, “candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Una orden que dio a los Consejos Comunales, las UBCH y los colectivos para enfrentar las protestas de la oposición.
De Chávez y Maduro para abajo, todos los denominados líderes del partido socialista han lanzado piropos a los civiles armados. Diosdado Cabello Rondón, el llamado número dos del chavismo se reunió en marzo de 2019 con un grupo de hombres a cara cubierta y arrodillados. Escucharon el discurso de batallar y defender al gobierno y cerraron con un: “Leales siempre, traidores nunca”. Ese hecho se grabó y se difundió ampliamente en redes sociales.
Si se tratara de hacer un organigrama de los colectivos, solo cabría la posibilidad de nombrar como jefe principal a Nicolás Maduro y después, por Estados y sectores de interés aparecerán nombres como el de Darío Vivas, encargado de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, también el de Freddy Bernal, Iris Varela y los comandantes de la Fuerza Armada, en especial el comandante de la Milicia, el Mayor General Manuel Bernal Martínez. Hombre encargado desde la Fuerza Armada de aglutinar al componente de civiles uniformados al servicio del gobierno.
Desde el ala de quienes no ocupan cargos públicos, la lista se inicia con Tupamaro y José Pinto a la cabeza. También habría que visibilizar a los jefes de las guerrillas de las Farc, el ELN y la FBL. Tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación forman parte de la estructura como elementos de formación ideológica y militar.
Franela del Che, moto y bolso de canguro
Si usted se pasea por un barrio de Caracas o camina en una marcha convocada por la oposición, de inmediato notará la presencia intimidatoria de manadas de motorizados portando armas largas y cortas: pistolas 9 milímetros, fusiles R15 o subametralladoras forman parte del arsenal que completan con bombas lacrimógenas y perdigones. Se pasean impunes, lucen camisetas del Che Guevara, gorras o boinas, calzan botas negras y pantalones de jean. Dependiendo de la zona también utilizan brazaletes o telas amarradas al cuello. Son hombres en su gran mayoría, ex policías o militares en retiro, tienen formación en tácticas de combate y disparan sin mediar palabras. Algunos a matar, otros para disuadir.
Los efectivos militares y policiales se comunican con ellos por radio frecuencia, se articulan y dividen tareas. No los capturan aunque se los encuentren de frente, juntos son parte de la estrategia. Son el brazo armado de la “la revolución”.
¿De qué viven los colectivos?
Quienes forman parte de los colectivos armados son asalariados del gobierno central. Algunos son funcionarios de los ministerios, se desempeñan como escoltas de seguridad de altas personalidades y también son encargados de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Son parte de las estructuras del partido de gobierno destinadas a ejercer coacción sobre las familias, a quienes les controlan la comida y los servicios públicos.
Son acusados por los vecinos de formar parte de las bandas criminales que secuestran y extorsionan a los comerciantes. Son señalados de dirigir las redes de micro tráfico de drogas en las barriadas y de traficar con armas y municiones. Los colectivos actúan con impunidad, son parte del gobierno.
Una trampa
Cada vez que la situación se complica para el gobierno aparecen estos paramilitares a poner las balas y el terror. Pero, ¿Qué pasará el día en que ya no sean útiles?, ¿Qué sucederá cuando el gobierno ya no les corresponda? En las calles y en los barrios hay muchas armas y muchas balas. Maduro anuncia que armará a los civiles como quien dice que entregará casas. Y lo hace. ¿Y si en algún momento los colectivos y la milicia deciden salir de Maduro?, ¿Guerra civil?, los colectivos son un arma de doble filo que en cualquier momento puede empezar a cortar al revés.
Infobae
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