El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró este martes en el juicio que se lleva a cabo en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el que se investiga si benefició con millonarios contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez.
«Definitivamente no», respondió el mandatario cuando se le preguntó si la expresidenta encabezó una «asociación ilícita» para defraudar al Estado al repartir de manera arbitraria los recursos públicos durante sus dos gobiernos (2007-2011 y 2011-2015) con el fin de privilegiar al Grupo Austral, la empresa constructora que Báez tenía en la patagónica provincia de Santa Cruz.
«Hay una suerte de fantasía de que dos personas se juntaban y decían: ‘mandémosle plata a alguien’ y que eso ocurría sin ningún tipo de control. Eso es imposible, por eso me llama la atención el requerimiento de acusación contra Cristina», agregó.
Fernández, quien se convirtió este martes en el testigo más importante de una de las principales causas judiciales que involucran a la vicepresidenta, acudió a los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, en donde se llevó a cabo una audiencia que fue en parte virtual.
Alberto Fernández negó la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama «mucho la atención» lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo. pic.twitter.com/beMZB6nN9U
— Televisión Pública (@TV_Publica) February 15, 2022
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Su presencia fue en sí misma una declaración política, ya que estaba habilitado a declarar por escrito.
Además, fue convocado por pedido de la propia imputada, quien solicitó al tribunal que testifiquen todos sus exjefes de Gabinete, cargo que Fernández ocupó con ella de 2007 a 2008.
La jornada fue inédita, ya que es la primera vez en la historia del país sudamericano que un presidente en funciones declara en un juicio contra su vicepresidenta.
Responsabilidades
Fernández insistió en que le llama la atención que en el juicio se analicen decisiones políticas que no son judiciables porque atraviesan múltiples instancias y no dependen de una sola persona.
«Es muy difícil distribuir arbitrariamente los recursos para las provincias de todo tipo, en materia sanitaria o educación, porque todas las provincias pelean por su parte. La ley más compleja de sacar en el Congreso precisamente es el presupuesto», explicó.
También subrayó la importancia de entender cómo funciona la aprobación de un presupuesto. «No es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata, es un trabajo en donde intervienen muchísimas jurisdicciones y se genera un debate enorme en el Congreso porque cada senador y diputado pelea por llevar parte de esos recursos a sus provincias», precisó.
El debate legislativo, añadió, impone límites fácticos a la arbitrariedad, además de que «es imposible» que el presidente de turno conozca cada adjudicación y le dé seguimiento a cada una de las obras.
Fernández, quien también fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007), afirmó que jamás recibió órdenes de él ni de la expresidenta para favorecer con recursos a la provincia de Santa Cruz o al Grupo Austral en particular.
«A Lázaro Báez lo vi una sola vez en mi vida en el Calafate, yo estaba con Néstor y él se acercó a saludar», agregó al desligarse de cualquier vínculo con el empresario.
Proceso
Este juicio comenzó en mayo de 2019 para investigar adjudicaciones de la llamada causa ‘vialidad’, ya que se trata de contratos otorgados al Grupo Austral para construir la mayoría de los proyectos viales en la provincia de Santa Cruz.
La resolución del proceso es clave, debido a que impacta en las causas conocidas como ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’ en las que la expresidenta está acusada de haber encabezado una «asociación ilícita» a través de la cual se entregaban fondos públicos a Báez, quien era amigo personal de Néstor Kirchner.
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Según la acusación, Báez después les regresaba parte de esos recursos a los Kirchner al alquilarles sus hoteles en la Patagonia. El empresario fue detenido en 2016 y en febrero de 2021 ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.
La defensa argumenta, por el contrario, que, tal y como declaró este martes el presidente, era imposible que Fernández de Kirchner supiera el detalle de cada adjudicación, además de que el presupuesto se debate y aprueba por el Congreso.
Después de la declaración de Fernández, el caso seguirá su curso con la presentación de más testigos mientras se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual la vicepresidenta ha solicitado la nulidad del juicio.
RT
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