Rodrigo Paz atraviesa las horas más difíciles de su gestión. En las últimas semanas se acumularon conflictos sectoriales a los que se fueron sumando pedidos de renuncia con bloqueos de carreteras y episodios de violencia que amenazan la estabilidad de su gobierno.
Las protestas surgieron en múltiples flancos: maestros con demandas de aumento salarial, transportistas que reclamaban por la mala calidad del combustible e indígenas de la región amazónica que pedían la anulación de una ley de reforma agraria. Estos grupos orbitaban con sus demandas alrededor de una organización que históricamente ha ejercido presión en las decisiones gubernamentales: la Central Obrera Boliviana, que exigía un aumento salarial adicional al del 20% que hubo a inicios de año.
Mientras el Gobierno lograba acuerdos sectoriales y mitigaba algunos conflictos, en el altiplano se iba gestando la protesta de la Federación de Campesinos Túpac Katari que, sin una agenda de demandas específicas, instaló bloqueos “indefinidos” para pedir la renuncia del presidente en rechazo a su gestión. Con un promedio de 20 piquetes simultáneos, la medida de presión tiene prácticamente cercada la sede de Gobierno.
A los campesinos se sumaron más tarde dirigentes de la COB, que abandonaron su demanda salarial para exigir la renuncia de Paz, y el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos. El jueves se vivió una jornada de violencia con los mineros afiliados al sindicato obrero que, a punta de dinamitazos, se enfrentaron con la Policía en el centro paceño.
Entre tanto, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron una marcha de 190 kilómetros a La Paz en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado que ha planteado Paz y para exigir el cese de los procesos judiciales que enfrenta su líder político, que se encuentra acorralado en su bastión para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra.
En el medio, y con la crisis económica como telón de fondo, hay una ciudadanía hastiada de marchas y bloqueos que exige “mano dura” al Gobierno para poner orden en un país habituado a que los desacuerdos políticos se diriman en las calles.
Más allá de las negociaciones sectoriales con las que el Gobierno ha logrado desactivar algunos focos de conflicto, analistas advierten una estrategia contradictoria: mientras por un lado convoca al diálogo a los sectores movilizados, por otro criminaliza la protesta, amenaza con procesos judiciales a los manifestantes y los acusa de estar financiados por el narcotráfico.
En esa línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la noche del jueves la existencia de un plan macabro contra el Gobierno y dijo que hay “dirigentes corruptos que han recibido financiamiento oscuro”.
Adicionalmente, más de un actor político —incluidos ministros y el vocero de Paz— ha responsabilizado a Evo Morales de estar detrás de las protestas para derrocar al gobierno y recuperar el poder. Sin embargo, analistas coinciden en que el evismo es solo una de las múltiples corrientes del conflicto y que ya no tiene poder de irradiación, aunque, según la socióloga y analista política Luciana Jáuregui, todavía funciona narrativamente como “un fantasma que moviliza los miedos de las clases medias tradicionales”.
En el fondo de los problemas coyunturales, los analistas ven que hay un agotamiento social y legítimo por la crisis económica heredada de las gestiones pasadas, pero también tensiones históricas irresueltas entre dos bloques —los sectores populares de origen indígena y campesino frente a las clases medias y las élites empresariales— que pugnan por hacer prevalecer sus visiones de país tras el fin del ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobernó las últimas dos décadas.
“Los grandes periodos de estabilidad en Bolivia se han producido cuando se llegó a un equilibrio de poder”, explica Jáuregui y señala que cuando ese pacto se quiebra “se abren procesos conflictivos”.
En el momento actual, la experta ve que la irrupción de los sectores populares en las calles es una respuesta a la ausencia de representación dentro del Estado, donde hay una “recomposición de las élites tradicionales y de las clases medias urbanas”.
Para el analista político Pablo Deheza, la grieta entre ambos bloques tiene una dimensión adicional, ya que fueron los sectores populares los que llevaron a Paz al poder con su voto. Sin embargo, sostiene que, una vez en el Gobierno, el presidente “dio un giro y emitió señales de que no va a gobernar con quienes votaron por él”. En ese contexto, el analista afirma que “hay una sensación de reclamo, enfado y molestia”.
El futuro en el corto plazo es incierto. Los analistas temen que el Gobierno logre capear la tormenta pero sin resolver el problema de fondo y que los conflictos actuales sean solo la antesala de otros episodios que no podrá resistir. Ambos consideran necesario plantear un “mapa de reparto de poder” en el que se reconozcan las legitimidades mutuas y se logren consensos básicos.
“En este momento Rodrigo Paz está ante un punto de inflexión y tiene dos vías: generar un nuevo pacto social con la incorporación de todos los sectores o mantener un gobierno sin posibilidad de acción política”, apunta Jáuregui. Sin embargo, donde subyace una crisis económica y social profunda, el tiempo se agota más temprano.
Fuente: Infobae
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