Una fiscal de Manta, Alexandra Bravo, fue asesinada a tiros junto a su hermana el domingo. El hecho constituye el tercer ataque contra funcionarios vinculados a la Fiscalía de esta ciudad costera en tres años, en un contexto de violencia asociada al crimen organizado. Especialistas denuncian la falta de protección para la rama judicial y señalan sospechas incluso en los niveles más altos del Estado.
En medio de la conmoción causada en Ecuador por el asesinato de la fiscal y su hermana, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país. El 1° de junio había finalizado un estado de excepción de 60 días, durante el cual el mandatario también impuso toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico.
El doble crimen se suma a una cadena de ataques contra operadores de justicia que ya deja varias decenas de funcionarios muertos, según explicó a RFI Carla Álvarez, politóloga del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito.
«Hay una fuerte desprotección de los operadores de justicia. Esa violencia se ha cobrado la vida de aproximadamente 40 servidores judiciales en los últimos seis años. La mayoría de estos asesinatos se han concentrado en la región costera de Ecuador, la más violenta del país, porque allí se encuentran las infraestructuras logísticas necesarias para la exportación vía marítima, en contenedores, de mercadería contaminada con cocaína. Esos productos llegan a los puertos de los grandes países consumidores», explicó Álvarez.
José Ruiz, director del Observatorio de Finanzas y Clima, señaló la dificultad del gobierno ecuatoriano para controlar la expansión del narcotráfico, así como las sospechas que pesan en los niveles más altos del Estado, incluido el propio presidente.
«La cocaína no sale de las aduanas que controlan puertos públicos, sino de puertos privados que están bajo la propiedad de grandes grupos económicos. Además, se exporta en contenedores que suelen llevar mercancía legal. El banano es la principal mercancía bajo la cual se oculta la cocaína. Hay un dato preocupante que concierne al presidente del Ecuador: proviene del principal grupo económico del país, que controla alrededor de cinco puertos. Es la principal empresa bananera donde se ha decomisado cocaína. Cuando los buques llegan a Europa, son detenidos y allí se realizan incautaciones. Luego se informa a las autoridades ecuatorianas y los medios suelen publicar que se ha encontrado cocaína en embarcaciones del presidente. Esto ha generado desconfianza sobre el grado de conocimiento que tendría el mandatario sobre estas exportaciones ilegales», afirmó Ruiz.
Tras el asesinato de la fiscal y su hermana, abogados y colegas exigieron al Gobierno reforzar la seguridad del personal judicial. La mañana del ataque, la funcionaria no contaba con la protección policial que tenía asignada.
RFI
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