Los avasallamientos en el país, no son una problemática reciente, pero cada año se incrementan y se tornan más violentos, una de las causales es que con el pasar del tiempo, se incrementó el precio de las tierras, lo que motiva a los traficantes a enriquecerse con la apropiación ilegal, sostiene Juan Pablo Chumacero, director de Fundación Tierra.
“El precio de la tierra en Bolivia ha ido subiendo y eso motiva también a que aumenten los avasallamientos como forma rápida de hacerse con tierras de valor atractivo en el mercado. En general se puede decir que los avasallamientos actuales – con armas, violentos y delictivos- están liderizados por traficantes de tierras que buscan enriquecerse (y seguramente enriquecer a otros) a partir de la apropiación ilegal e indebida de tierras que no les pertenecen”, ahonda en el análisis en un artículo denominado Elementos para comprender mejor los avasallamientos de tierras en Bolivia.
Otros elementos articulados al mercado de tierras son la demanda por parte de intereses extranjeros (destacan menonitas por su visible crecimiento poblacional y brasileños por sus lazos con el agronegocio cruceño), la especulación de precios en función a posibles inversiones privadas o estatales de gran dimensión como por ejemplo carreteras; y no falta quien también incluya en este tema al narcotráfico.
Además, en los últimos años las tomas de tierras han aumentado, no solo en cantidad, sino en la manera violenta de apropiarse de las tierras, “de palos y machetes se ha pasado a armas de fuego, secuestros y muertos de bala. Varias veces se ha denunciado que la policía simplemente observaba el escalamiento de violencia entre avasalladores y propietarios. Ante la ausencia de acciones punitivas legales, prima la percepción de que estos grupos armados gozan de protección gubernamental y de impunidad”.
Tal es el caso de avasallamiento de predios productivos el 2021, en el departamento de Santa Cruz, los propietarios a través de sus organizaciones agremiadas solicitaban a las autoridades garantías para el desarrollo de sus actividades. El predio agrícola “Las Alondras”, que se encuentra en la zona del norte, fue uno de las afectados por personas que ingresaron a la fuerza retiraron al personal bajo amenazas y robaron maquinaria agrícola.
Una característica que se ha observado es que las tomas de tierras se producen en predios cuyo derecho propietario no está plenamente definido porque: el saneamiento de tierras no ha concluido, se sobreponen derechos agrarios con otros derechos como los forestales, son tierras en disputa judicial, o incluso, se hallan incautadas.
“De esa constatación se desprende que, por un lado, estos grupos tienen información privilegiada, de origen estatal, de dónde están estas tierras, cuál es su tamaño, qué personas pretenden propiedad sobre ellas, cómo se perfila que se resuelva el derecho propietario, cuál es su valor actual, etc., reflejando serios niveles de corrupción dentro de las distintas esferas gubernamentales”, sostiene el director de la organización.
El escenario agrario de los últimos días ha estado marcado -apunta Chumacero- por el aviso gubernamental de la existencia de 208 avasallamientos de predios en el país y el pedido para que las instituciones relacionadas con la aplicación de justicia asuman acciones y eliminar estas vulneraciones al derecho propietario; la visibilización de varios avasallamientos actuales, destacándose el caso del predio Trébol en el municipio de Ascensión de Guarayos y el de la familia Kim en la zona urbana de las Lomas de Arena entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia; las exigencias al Estado de acciones contundentes para resolver estos problemas por parte de organizaciones de productores como la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); y finalmente las recientes acciones por parte de la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, entre otros, para los desalojos, arrestos y procesos judiciales.
Pero el problema puede ser mayor porque los 208 avasallamientos son denuncias de propietarios privados que se sienten amenazados por los avasalladores en Santa Cruz y Cochabamba particularmente, sin embargo, existen situaciones similares que involucran a otros actores, pero que no se denuncian.
También aclara que “esas cifras no consideran otras situaciones en que el término “avasalladores” es erróneamente empleado; como, por ejemplo, cuando distintos actores locales, particularmente en la Chiquitanía reclaman sobre cómo, a partir de autorizaciones de asentamiento otorgadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), nuevas comunidades, legítimas o no, afiliadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), a las Bartolinas o a los interculturales, se asientan en tierras fiscales disponibles, vulnerando la noción de territorio que se forma en sentido amplio en las regiones (en los últimos años alrededor de 1.500 nuevas comunidades han recibido este tipo de autorizaciones. De este número, al menos dos tercios se hallan en el departamento de Santa Cruz)”.
Observa la temporalidad de esos 208 casos de avasallamiento porque se desconoce si los avasallamientos responden solo a la gestión 2022 o si abarcan más años. No obstante, señala que lo que debe llamar la atención “es que se haya permitido que lleguen a ser una cantidad tan grande. Una cifra de ese tamaño demuestra la poca atención que desde el gobierno se ha puesto a estas vulneraciones”.
Negociaron con avasalladores
Por otro lado, los propietarios vulnerados se ven obligados a acudir a instancias judiciales para defender sus tierras y ante la falta de resultados, incluso en algunos casos, se sabe que han tenido que negociar con avasalladores y pagar “rescates” para recuperar sus propiedades, dice el análisis de Chumacero.
Acota que, en otros casos, existen propietarios que han optado por intentar aplicar justicia por mano propia, contratando a su vez grupos de sicarios para expulsar violentamente a los avasalladores, generando más caos y más conflicto.
El experto en el tema espera que las últimas señales de diferentes instancias gubernamentales sean parte de una política seria y consecuente y no solamente acciones “circunstanciales motivadas por la presión mediática y coyuntural”. Considera que “es imperativo que se deje de gobernar en función a intereses de orden sectorial y político y que el Estado recupere su rol como encargado de velar por el estado de derecho, aplicar imparcialmente las leyes y preservar la paz social”.
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