El gobierno y la oposición de Venezuela dieron este martes un paso hacia unas elecciones presidenciales que sean reconocidas por ambas partes y la comunidad internacional.
Para ello firmaron un acuerdo para celebrar los comicios en el segundo semestre de 2024.
Durante una ceremonia en Barbados, sede de los diálogos iniciados en 2021 en México, las partes firmaron una serie de acuerdos que incluyen, entre otras garantías electorales, «la autorización de todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley».
Varios candidatos de la oposición, que esperan enfrentarse en unas primarias internas este domingo, están inhabilitados por distintas razones.
Y el jefe de delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que si un aspirante ha sido inhabilitado no podrá ser candidato a la presidencia.
Nicolás Maduro ganó en 2018 en unas elecciones en las que no participó la oposición por considerarlas fraudulentas, lo que llevó al no reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional. Eso tuvo consecuencias políticas y económicas los últimos años.
Aunque se trata de un desarrollo inédito en años de negociaciones entre el chavismo y la oposición, expertos consultados por BBC Mundo aseguran que aún están por conocerse los incentivos establecidos para que el gobierno cumpla los acuerdos.
Medios estadounidenses reportaron que, como parte de la negociación, Washington acordó con el oficialismo levantar algunas sanciones que impiden la venta de petróleo venezolano en el exterior y que profundizan una crisis económica que ha expulsado de Venezuela a más de siete millones de personas.
«En estos dos años hemos insistido en buscar soluciones consensuadas. Hoy podemos confirmar que esa lucha ha dado su primer paso para la ruta electoral con condiciones que permitan el cambio político», dijo Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora.
El dirigente destacó los acuerdos que exigen garantías para que «podamos tener este domingo unas primarias en paz y una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad».
A lo anterior se añaden acuerdos que buscan garantizar la observación internacional de los comicios, la definición de un cronograma electoral equitativo, la promoción de auditorías para el proceso y la actualización del registro electoral para incluir a los venezolanos residentes en el exterior, que componente ya un cuarto de la población.
En años anteriores, los resultados de las negociaciones entre el gobierno y la oposición han sido precarios.
La credibilidad de ambas partes está afectada tras años de frustraciones políticas para quienes esperan un cambio de gobierno en el país.
En Venezuela hay reelección indefinida y Maduro lleva más de diez años en el poder. En las elecciones de 2018 una parte importante de la oposición se negó a participar por considerar que no había garantías.
Desde entonces aumentaron las sanciones el gobierno de Estados Unidos y el oficialismo ofreció pequeñas concesiones a la oposición.
Las elecciones regionales de 2021 contaron con la participación de la oposición, pero las inhabilitaciones, la prohibición para votar en el extranjero, el acceso desigual a los medios y la escasa confianza de los votantes opositores en el sistema marcaron unos comicios en los que el oficialismo ganó.
Ahora se avecina un nuevo proceso electoral y muchos venezolanos mantienen sus dudas.
María Corina Machado participará este domingo de las primarias opositoras. Las encuestas la muestran favorita, pero está inhabilitada.
«La clave del acuerdo estará en qué tan efectivo sea el mecanismo de seguimiento y verificación acordado para que se implementen las garantías acordadas, la mayoría de las cuales ya están previstas en la ley venezolana», dice Mariano de Alba, analista venezolano del Crisis Group, un centro de estudios.
Luis Vicente León, analista venezolano, añade: «Estos acuerdos no pueden resolver de manera integral los múltiples problemas del país, ni rescatarán las instituciones o la competitividad electoral, pero eso no significa que sus avances puntuales e incrementales sean irrelevantes o secundarios».
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El tema de las inhabilitaciones quedó abierto en el acuerdo firmado este martes. Es probable que los candidatos opositores empiecen procesos de habilitación, pero los expertos dudan que las autoridades, consideradas como cercanas al oficialismo, permitan que los candidatos con más apoyos puedan participar.
«Que las inhabilitaciones cesen sería una excelente noticia –dice León–, pero irrealizable en este momento. Los costos de salida del gobierno son infinitos y no asumirá ese riesgo. Y sus costos de permanencia son moderados, mientras mantiene rutas para quedarse que no desperdiciará. No se trata de deseos sino de realidades», matiza.
Agencias
