El caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos en 2014, vivió el viernes 19 de agosto su más fuerte remezón con la captura del responsable de las cuestionadas investigaciones y la emisión de órdenes de arresto contra 64 militares y policías, presuntamente involucrados en el crimen.
El exprocurador general Jesús Murillo Karam fue arrestado en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.
Murillo Karam es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas, ocurrida en el estado de Guerrero (sur).
Horas después, la FGR informó de las órdenes de arresto contra 20 militares y 44 policías, sin precisar su rango y actividad actual, además de otras 19 contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen.
El abogado de los familiares de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam “un paso importante”, pero se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del exprocurador.
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“Lo que va a hacer el señor Murillo es defenderse, entonces no creo que (…) quiera él aportar alguna información”, dijo Rosales a la cadena ForoTV.
El Procurador Murillo, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.
Murillo Karam no opuso resistencia y quedará preso en un reclusorio de la capital, señaló la Presidencia. El PRI aseguró que la detención “responde más a un tema político que de justicia”.
La captura se produjo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera “verdad” y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación de un reporte, durante el último jueves, de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un “crimen de Estado”.
El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos”, añadió López Obrador en Tijuana (norte).
La República
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