El Senado chileno aprobó este martes un proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley y que permite a la policía previa, orden judicial, ingresar a domicilios donde se encuentren inmigrantes con órdenes de expulsión vigentes.
Con 37 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó el informe final de una comisión mixta, órgano temporal del Legislativo integrado por senadores y diputados que introdujo modificaciones al proyecto, previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.
«Había una serie de dificultades (…) Por la unanimidad de sus integrantes (de la comisión mixta), acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas», comentó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Uno de los principales cambios a la Ley de Migración y Extranjería contenido en la propuesta es facilitar la ubicación y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, operación a carga de la Policía de Investigaciones (PDI).
Según el proyecto, la PDI solicitará a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se ubique la persona y detenerla, requerimiento que el magistrado deberá resolver en 24 horas.
«Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa», agregó García Ruminot.
En la misma línea, la iniciativa eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos específicos, además de mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que se enfrenten a determinados procesos penales, siempre que exista autorización del tribunal.
En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
A pesar del anuncio en agosto pasado sobre el restablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, tras romperlas en 2024, y de la reunión en Naciones Unidas entre Kast y la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, en septiembre, no ha habido informes de avance en esta situación.
En el Congreso se encuentra actualmente en debate un proyecto de ley, impulsado por el ultraderechista Kast, para tipificar la migración irregular como delito.
EFE
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