Ahoradigital – Un juez de garantía de Arica, en Chile, ordenó suspender durante 60 días la destrucción de madera boliviana incautada en el marco de una investigación por presunto narcotráfico. La decisión alcanza a cargamentos vinculados con 23 empresas bolivianas y abre la posibilidad de realizar nuevos análisis para determinar si la mercancía contenía sustancias controladas.
La resolución judicial responde a una solicitud de las empresas afectadas, que cuestionaron los procedimientos de análisis y la representatividad de las muestras utilizadas para sostener la presunta contaminación de la madera con droga.
Empresarios cuestionan los análisis
El caso se remonta a junio de 2026, cuando autoridades chilenas incautaron más de 1.000 toneladas de madera boliviana de exportación. La investigación sostiene que el cargamento estaría contaminado con sustancias ilícitas, una hipótesis que los empresarios rechazan.
La defensa solicitó que se examinen nuevas muestras mediante un laboratorio independiente, con el argumento de que los análisis anteriores no permitirían establecer de manera concluyente que toda la mercancía estuviera contaminada.
Las autoridades bolivianas también han cuestionado los resultados y sostienen que podría tratarse de falsos positivos.
Habrá una nueva evaluación técnica
El juez dispuso detener la destrucción de la madera que permanece en los puertos de Valparaíso y San Antonio mientras se realizan nuevas diligencias. La decisión busca preservar la mercancía para que pueda ser examinada antes de adoptar nuevas determinaciones.
La audiencia prevista para el 29 de octubre permitirá avanzar en la definición del laboratorio u organismo que realizará el nuevo peritaje. La defensa de las empresas busca que el procedimiento cuente con garantías de independencia y permita contrastar los resultados anteriores.
Sin embargo, parte de la madera retenida en Arica ya habría sido destruida, lo que añade controversia al proceso.
Un caso que afecta al sector exportador
La incautación y posterior destrucción de la mercancía generaron preocupación entre empresarios bolivianos, debido a las pérdidas económicas y a las dudas sobre los procedimientos aplicados.
La suspensión temporal representa una oportunidad para esclarecer técnicamente el caso, pero no equivale a una declaración de inocencia ni confirma que los resultados iniciales fueran incorrectos.
El nuevo peritaje será determinante para establecer si existían sustancias controladas en los cargamentos y aportar elementos objetivos a la investigación judicial.
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