Se trata de la cuarta imputación por «falsos positivos» que hace esta Justicia, creada por el acuerdo de paz con las FARC, y que se suma a los otros 62 miembros del Ejército acusados por estos crímenes. En esta ocasión, se les imputa 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio.
La JEP articuló estas nuevas imputaciones a 35 integrantes del Ejército en el Huila (centro) «por su participación en la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados, con el objetivo de dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional».
Los conocidos como «falsos positivos» es uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército desaparecieron y asesinaron a jóvenes inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras, a cambio de premios y ascensos. La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.
Entre los imputados figura el general retirado Jaime Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército en 2014, y quien ha sido acusado a título de autor por omisión, como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.
Según la JEP, bajo la dirección de estos tres ex altos oficiales, la IX Brigada permitió el «lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos».
Estigmatización, engaño, presunta captura de supuestos «gúerrilleros» y ejecución ilegal
Los exgenerales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto a los 30 comparecientes, deberán responder a título de coautores por estos crímenes de guerra: «La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos».
La mayoría de hechos que se les han imputado ocurrieron entre 2005 y 2008 en Huila, cuando se produjo un «incremento de casos de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de la fuerza pública».
Y esta jurisdicción identificó tres patrones macrocriminales: la estigmatización de víctimas mediante señalamientos arbitrarios de pertenecer a un grupo armado; el engaño de personas aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad, y la realización de acciones contra supuesta delincuencia común o milicias de las FARC en contravía de los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Ahora los acusados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos o rechazarlos y la JEP fijará audiencias públicas de reconocimiento de verdad. Si este juzgado considera que la aportación de verdad y el reconocimiento de los militares es adecuado, podrían recibir penas alternativas que no conlleven penas de prisión.
La JEP ha imputado hasta el momento a 97 personas por «falsos positivos» en el Caso 03, de las cuales al menos 55 (el 89 %) han reconocido su responsabilidad. Además, con Lasprilla ya son dos excomandantes del Ejército acusados de «falsos positivos», ya que el pasado 30 de agosto, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
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