La Contraloría General del Estado determinó que exautoridades regionales y funcionarios deben restituir más de un millón de bolivianos tras evidenciar pagos indebidos del bono de frontera, aclarando además que la sede oficial de la Asamblea Regional está en Villa Montes.
Un dictamen de la Contraloría General del Estado estableció la devolución obligatoria de más de un millón de bolivianos por parte de exasambleístas regionales y funcionarios, quienes habrían percibido de forma irregular el bono de frontera durante las gestiones comprendidas entre 2017 y 2021.
De acuerdo con el informe, existe una responsabilidad solidaria entre al menos 22 personas, lo que implica que todos los involucrados deben responder por el monto total observado. El análisis identificó que los pagos se realizaron sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Uno de los puntos centrales del dictamen es la precisión sobre la sede institucional. La Contraloría sostiene que, conforme al estatuto autonómico, la sede oficial de la Asamblea Regional se encuentra en Villa Montes, por lo que tanto la institución como los asambleístas deben desempeñar sus funciones en esa localidad.
En ese sentido, se aclara que el bono de frontera corresponde únicamente a quienes trabajan dentro de un radio de 50 kilómetros de la línea fronteriza. Sin embargo, en el caso de Villa Montes, la distancia supera los 90 kilómetros, lo que descarta la posibilidad de acceder legalmente a este beneficio.
Asimismo, el informe señala que las oficinas ubicadas en Yacuiba y Caraparí no tienen carácter oficial permanente, sino que cumplen funciones de coordinación, por lo que no constituyen base válida para justificar el cobro del bono.
El exasesor Gilmar Pairema León respaldó los alcances del dictamen y cuestionó las interpretaciones que ampliaron indebidamente el concepto de lugar de trabajo, señalando que estas derivaron en el uso irregular de recursos públicos.
La Contraloría instruyó la devolución inmediata de los montos observados, reforzando los mecanismos de control sobre el manejo de fondos estatales y el cumplimiento estricto de la normativa.
Tomado de Al Aire (Villa Montes)
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