El director nacional de Interpol informó que se constató que de los 17 expulsados, 10 fueron relacionados con receptación de autos, dos tenían cuentas pendientes por violencia familiar, por lo que fueron remitidos a la Felcv, y uno de ellos tenía mandamiento de aprehensión por el delito de estafa y fue remitido a la Felcc.
El jueves la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile trasladó a extranjeros de Bolivia, Ecuador y Colombia en calidad de deportados a sus países de origen, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile. El Gobierno de José Antonio Kast deportó así a los primeros migrantes de su mandato que habían cometido delitos o faltas administrativas en ese país, una política que no es nueva y que arrancó en administraciones anteriores.
Al respecto, Pompeo Rigoberto Sánchez, director nacional de Interpol informó en conferencia de prensa que de los 17 ciudadanos bolivianos expulsados, 10 se encontraban en una situación ilegal e irregular. «Diez de ellos estaban por el delito de receptación de vehículos. Quiere decir que estos estaban en posesión de vehículos de dudosa procedencia, vehículos relacionados al robo, y los mismos han sido expulsados por esa situación», detalló.
Además, siete de los expulsados habían ingresado a Chile por puntos ilegales, no controlados. Una vez arribaron a suelo boliviano, vía el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, la Interpol realizó el control migratorio y encontró además que de estos 17, dos tenían cuentas pendientes por violencia familiar, por lo que fueron remitidos a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), y uno de ellos tenía mandamiento de aprehensión por el delito de estafa y fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).
«Ese es el trabajo y el compromiso que está realizando la Policía Boliviana para dar respuesta a estos delitos nacionales y transnacionales», concluyó Sánchez.
Horas antes la Cancillería, mediante una nota de prensa, informó que este operativo interinstitucional “permitió también asegurar la atención integral de los connacionales, la verificación de su estado de salud y la aplicación de los mecanismos establecidos por la normativa nacional, en resguardo del ordenamiento jurídico y la seguridad pública”.
Fuente: El Deber
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