Los negociadores europeos y británicos constataron este domingo una vez más su incapacidad para llegar a un acuerdo, a pesar de que todos sostienen que estaban «a milímetros de conseguirlo», lo que deja a la situación entre las dos orillas del canal de La Mancha en un limbo ante el que no existen previsiones legales. Los equipos de Michel Barnier y del británico David Frost han decidido seguir trabajando este lunes, pero el Parlamento Europeo ya había advertido formalmente que no tendrá tiempo para proceder a la ratificación de un posible tratado de libre comercio para que entre en vigor el 1 de enero si no había un acuerdo antes de la medianoche del domingo.
«En este momento crucial para las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, seguimos trabajando duro con David Frost y su equipo. La UE sigue comprometida con un acuerdo justo, recíproco y equilibrado. Respetamos la soberanía del Reino Unido. Y esperamos lo mismo. Tanto la UE como el Reino Unido deben tener derecho a establecer sus propias leyes y controlar sus propias aguas. Y ambos deberíamos poder actuar cuando nuestros intereses estén en juego». Este fue el último mensaje de Barnier a media tarde de antes de que trascendiera que los negociadores habían decidido suspender el trabajo hasta el lunes. La pesca es el principal punto de desacuerdo.
Fin del periodo transitorio
Ahora, incluso si hubiera un pacto en las próximas horas, ya no está claro que pueda ser tramitado con tiempo para que pudiera entrar en vigor el 1 de enero, cuando caduca el periodo de transición que se acordó tras la salida del Reino Unido de la UE y que el Gobierno de Londres se ha negado reiteradamente a prolongar. El secretario de salud del Reino Unido, Matt Hancock, dijo que las conversaciones habían descarrilado después de que la UE «presentara algunas demandas irracionales que no respetan los resultados del referéndum» sobre la pesca, que sigue siendo el problema más complicado, aunque no descartaba la posibilidad de que «si la parte Europea se mueve» pudiera llegarse a un pacto en los próximos días.
El Gobierno británico cree ahora que podría ser necesaria una serie de miniacuerdos para mantener el funcionamiento del comercio y las comunicaciones esenciales entre el Reino Unido y la UE a partir del 1 de enero en una situación en la que no haya acuerdo legalmente hablando. Se trata de una situación en la que ni siquiera el transporte de las vacunas contra el Covid-19 está legalmente asegurada.
Los Gobiernos europeos habían ordenado a sus representantes permanentes en Bruselas que se quedasen en sus puestos a la espera de los resultados de la negociación. Se había previsto una reunión del Coreper, compuesto por los embajadores de los países miembros, para que pudieran decidir conjuntamente si aprueban o no lo acordado. Una vez que se constata en este escenario que el resultado de la negociación es satisfactorio para todos, el trámite jurídico para que se apruebe es automático. Sin embargo, la ratificación del Parlamento Europeo es preceptiva y no les quedan fechas después del 28 de diciembre para celebrar una sesión plenaria. Los grupos políticos, además, no quieren hacerlo sin haber tenido tiempo para estudiar el contenido del tratado que regirá las relaciones con el Reino Unido y que ha de ser necesariamente traducido a todas las lenguas oficiales para que entre en vigor.
Acuerdos sectoriales
Ahora los británicos afirman que serán necesarios estos «miniacuerdos» sectoriales para permitir que la vida, el transporte y el comercio esenciales sigan fluyendo sin interrupción a partir del 1 de enero, aunque esta también es una opción más compleja de lo que parece. De momento, Londres debería asumir las medidas de contingencia que ya ha aprobado la UE para esta situación, pero que –naturalmente– necesitan tener una reciprocidad. En el mejor de los casos se da por hecho que cualquier desplazamiento entre el Reino Unido y Europa, cuando la pandemia los permita, no podrá hacerse ni con productos alimenticios como carne o leche, o con mascotas, puesto que toda la legislación europea desaparece automáticamente en el Reino Unido.
Prácticamente el único elemento de discordia es el del acceso de las flotas pesqueras europeas en aguas británicas, que para los partidarios del Brexit se trata de un símbolo fuerte de ejercicio de soberanía. Aunque las cifras de la actividad en este sector son ridículas si se comparan con el conjunto de lo que está en juego en los intercambios económicos, se trata de un asunto muy emblemático para Londres. En estos momentos, el volumen de negocio anual de los armadores británicos en sus propias aguas es de unos 850 millones de euros y el de los pescadores europeos, de 650 millones. La UE ha ofrecido traspasar un 25% de esa cuota de pesca que ahora ejecutan los continentales a sus colegas británicos, pero el Gobierno de Londres insiste en que Bruselas debe aceptar que sus pescadores renuncien al 60% de su actual cifra de negocios en beneficio de los británicos. Las asociaciones de armadores de la UE consideran esta propuesta inaceptable en todos sus términos. Políticamente, además, el equipo de negociadores europeos ha advertido a los británicos de que en caso de que la flota europea tenga que retirarse de las aguas británicas, los pescadores del Reino Unido se tomarían medidas de compensación como la prohibición de que puedan vender sus capturas en el mercado europeo, donde obtienen mejores precios que en su propio mercado.
La UE ha propuesto un periodo transitorio de seis años, en línea de lo que se ha pactado para el resto de la industria, con la idea de que las empresas puedan irse adaptando a los cambios, pero teniendo en cuenta que se trata de un sector tan simbólico para los partidarios del Brexit –la recuperación absoluta de la soberanía–, Londres insiste en que sea de aplicación inmediata o como mucho en un plazo de tres años, lo que los europeos consideran insuficiente. La situación puede cambiar en las próximas horas, pero los plazos tendrán que ser otros.
Tomado de abc.es
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