El Congreso de Perú ha rechazado la petición de la expresidenta Dina Boluarte para recibir la pensión vitalicia que trae consigo el haber ejercido el cargo, alegando que en su caso, ella accedió al mismo por «sucesión» tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo y no a través de las urnas.
«No cumple con las condiciones establecidas (…) en tanto asumió la Presidencia de la República por sucesión», ha señalado el Congreso peruano, que añade que «necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro».
Pedidos
La propia Boluarte solicitó al Congreso esta y otras prerrogativas a diez días de dejar el cargo, entre las cuales también estaba la asignación de un empleado con sueldo públicos y hasta 150 galones de gasolina al mes, detalla ‘La República’.
El todopoderoso Congreso peruano puso de manera sorpresiva fin a su turbulento mandato, marcado por las acusaciones de corrupción, omisión de funciones, enriquecimiento ilícito, pero sobre todo por la muerte de decenas de personas en las primeras manifestantes que se celebraron en su contra.
Inmunidad
Sin inmunidad presidencial, Boluarte tendrá que responder ahora por hasta siete causas. De todas, las más avanzadas tienen que ver con la muerte de casi medio centenar de personas durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023 y con los supuestos sobornos que habría recibido en forma de joyas y relojes de lujo.
Su cargo fue heredado por el presidente del Congreso, José Jerí, convirtiéndose en el octavo jefe de Estado peruano en menos de una década. Su ascenso no ha estado exento de polémica, pues a las tres investigaciones fiscales que se le han abierto en lo que va de año, se suman comentarios sexistas del pasado en redes sociales.
Jerí asume el cargo de manera interina hasta julio de 2026, cuando está previsto que se celebre elecciones. Mientras continúa la falta de legitimidad de la clase política peruana, el país hace frente a una de sus peores crisis de seguridad.
AFP
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