La presidenta deCosta Rica, Laura Fernández, ordenó este lunes remover de sus puestos de confianza a siete directores policiales luego de que no pasaran la prueba del polígrafo, en la cual les hicieron preguntas sobre narcotráfico y si habían recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos.
La mandataria indicó que ordenó al ministro de Seguridad, Gerald Campos, que cese los nombramientos de confianza y del grupo Fuerza Élite creado para enfrentar el crimen organizado a siete de un total de 33 directores que no pasaron la prueba del polígrafo.
«Los siete directores de confianza fueron removidos de inmediato de sus puestos y adicionalmente instruí una investigación preliminar que se conducirá desde mi despacho contra cada uno de ellos. A ellos les hicieron preguntas sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos. Compatriotas seré implacable combatiendo la corrupción y limpiando a Costa Rica», afirmó Fernández.
La Ley del Polígrafo
Durante la administración del mandatario Rodrigo Chaves (2022-2026) se aprobó la Ley del Polígrafo, en la que se estableció un nuevo estatuto que permite aplicar el polígrafo en los cuerpos policiales y de seguridad nacional, para combatir la corrupción y determinar si los candidatos a estos cargos son competentes.
Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes y que no tiene Ejército desde 1948, encarga la seguridad a la Fuerza Pública que está integrada por alrededor de 15.000 efectivos.
El narcotráfico y la violencia asociada a este fenómeno se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que en los últimos años ha registrado cifras históricas de homicidios vinculados, en su mayoría, a la lucha de bandas narcotraficantes.
Según datos del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025 las autoridades decomisaron un total de 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.
Fuente: DW
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