Un hombre vinculado a la embajada de Venezuela en Colombia; unas actividades que, según las autoridades, representaban un riesgo para la seguridad nacional; una orden de expulsión y un nuevo conflicto diplomático entre los dos Gobiernos. Las piezas de esta historia comenzaron a trascender el pasado miércoles, cuando los colombianos escucharon por primera vez el nombre de Carlos Manuel Pino García. Este ciudadano venezolano fue detenido mientras participaba en un acto en un restaurante de la capital y horas después la oficina de Migración anunció su devolución a Caracas. La medida, que incluye la prohibición de regresar en los próximos diez años, se tomó con carácter “discrecional” y en virtud de un decreto de 2015 que permite actuar de esta forma cuando existan informaciones de inteligencia que despierten las alarmas.
La entrega de Pino García, que trabajaba como asesor en la embajada venezolana aunque carecía de inmunidad diplomática, se realizó en medio del Puente Internacional Simón Bolívar de Villa del Rosario, junto a Cúcuta, el principal paso fronterizo entre los dos países. La respuesta inmediata de Nicolás Maduro fue la expulsión del cónsul colombiano en Caracas. Sin embargo, a pesar del clima de tensión, nadie en Colombia habló abiertamente de un caso de espionaje.
El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que aún no se le han formulado cargos. No obstante, confirmó algunas de las sospechas que rodean el trabajo de ese hombre. “Hace ocho meses la fiscalía abrió una investigación, tenemos copiosa actividad probatoria. Esas investigaciones certifican su compromiso en actividades delicadas, de afectación del orden público nacional”, señaló. Al mismo tiempo, certificó que “él estaba vinculado a actividades que afectaban el orden público desde ciertos sectores políticos, definitivamente”. “Y también había actividades que los fiscales tendrán que establecer si constituían seguimientos legales o ilegales a ciudadanos venezolanos y extranjeros, como en el caso de la fiscal venezolana Luisa Ortega”, prosiguió Martínez en referencia a la responsable del Ministerio Público del país vecino, que huyó a Colombia en agosto de 2017 tras romper definitivamente con el chavismo.
Lo ocurrido ha enrarecido el ambiente político tanto dentro como fuera del país. Se da la circunstancia de que Pino García es el esposo de Gloria Flórez, dirigente de Colombia Humana, la formación del líder opositor Gustavo Petro, de quien fue colaboradora directa durante su etapa como alcalde de Bogotá. Este y otras figuras de la izquierda como Iván Cepeda protestaron enérgicamente contra la expulsión. “Le pregunté cuál era el motivo de la diligencia, pero amenazaron con detenerme por obstruir el procedimiento”, aseguró Flórez.
Las autoridades migratorias colombianas, que esta semana han contabilizado a más de 1,1 millones de venezolanos radicados en su territorio, han expulsado este año a 1.100 ciudadanos de ese país por distintas razones, aunque ninguno de esos casos había tenido este tipo de consecuencias. Bogotá se ha convertido en una de las principales bases de operaciones de la oposición al régimen de Maduro y, según las acusaciones sugeridas hasta ahora, el trabajo de Pino García consistía precisamente en controlar las voces críticas con el sucesor de Chávez e interferir, directa o indirectamente, en los movimientos de protesta contra el Gobierno de Iván Duque.
Venezuela, cada vez más aislada dentro de América, aunque con el apoyo de Rusia y China, convirtió este episodio en el enésimo pulso diplomático que mantiene, ordenando la expulsión del cónsul colombiano en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano manifestó sin disimulo su malestar. “Expresa su más profunda preocupación e intranquilidad por la falta de garantías por parte del Gobierno venezolano» para que sus funcionarios consulares presten «las labores encaminadas a dar asistencia a los numerosos connacionales residentes en el vecino país”, se lee en el comunicado de protesta.
elpais.com
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