Solo unas horas antes de que el equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara su informe sobre la situación en Nicaragua, el Gobierno de Daniel Ortega le dio 24 horas para que abandonara el país. Después de seis meses de trabajo las conclusiones conocidas no han gustado al régimen que impidió su presentación en suelo centroamericano a quien acusa directamente de coordinar la represión. Según el informe, la policía abrió fuego de forma sistemática contra la población y ha puesto en marcha una ola represiva que han incluido torturas y agresiones sexuales en las cárceles que deben ser juzgados como «crímenes de lesa humanidad».
“El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país (…) no se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales (…) sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, señala el informe.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales.
Para el GIEI “se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.
La publicación del informe, cuya presentación estaba prevista para el pasado jueves en Managua, se realizó finalmente este viernes en Washington. Para realizar su informe el GIEI trabajó durante seis meses en Nicaragua. Entrevistaron a las víctimas de la represión, las familias afectadas y testigos de los hechos violentos. Explicaron que también conversaron con activistas de organizaciones de derechos humanos y revisaron miles de documentos, además de mantener consultas con expertos internacionales.
Los expertos, entre quienes están Claudia Paz y Paz o Amérigo Incalcaterra, señalan que el surgimiento de las protestas en abril no fue producto de acontecimientos aislados sino de años de prácticas que fueron coartando libertades, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en Daniel Ortega y Rosario Murillo su esposa y vicepresidenta. “Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque”, señala
En el informe describe incluso la “metodología de la agresión” aplicada por los grupos violentos afines al gobierno contra los manifestantes y la colaboración policial. “La Policía Nacional interviene controlando la zona, haciendo cordones, desviando el tránsito, usando gases lacrimógenos, sin encabezar directamente la agresión, pero dejando que sucedan”. Los expertos señalan que cuando fracasó “el método tradicional de represión” y aumentaron las manifestaciones, el Estado comenzó una etapa más represiva y violenta caracterizada por el uso desproporcionado e indiscriminado de armas de fuego “que se dirigieron directamente contra los manifestantes”.
La ola violenta dejó al menos 109 muertos, más de 1.400 heridos y 690 detenidos, entre el 18 de abril y el 30 de mayo. La gran mayoría de las muertes que se dieron en esos 42 días fueron por disparo de arma de fuego durante cargas policiales y de grupos paraestatales.
La estrategia represora no se limitó a la policía e incluyó torturas y agresiones sexuales en las cárceles, manipulación judicial y hasta despidos en centros de salud que atendieron a los jóvenes heridos. “El sistema de justicia penal -Ministerio Público y Poder Judicial- ha actuado como una pieza más del esquema de violación. De las 109 muertes violentas, 100 no han sido siquiera judicializadas, es decir, se encuentran en impunidad. En los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. Sobre los centros médicos, el informe señala que numerosos médicos que atendieron a los heridos fueron despedidos de sus puestos de trabajo y “hasta incluso tuvieron que irse del país por temor a sufrir represalias”.
La embestida callejera estuvo acompañada de una campaña de criminalización de las víctimas y el gobierno sostuvo un encendido discurso de construcción de un enemigo y de descalificación de los manifestantes que fueron presentados como jóvenes manipulados, vandálicos, golpistas, terroristas”, señala el informe.
Para el GIEI, las conductas de Daniel Ortega, Rosario Murillo y algunos ministros y jefes policiales deben considerarse crímenes de lesa humanidad y ninguno de los señalados debería alcanzar nunca una amnistía. El GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad en los hechos del Presidente Daniel Ortega como Jefe Supremo de la Policía, así como la exdirectora policial, Aminta Granera y el actual director, el comisionado general Francisco Díaz, quien además ha sido sancionado por Estados Unidos por su participación en la represión de las manifestaciones. Los expertos de la OEA instan al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, «con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición».
Por su parte, el Gobierno sandinista argumentó que la CIDH, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) son una «plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país», señaló el canciller Denis Moncada. En la misma también acusó al Secretario General de la OEA Luis Almagro de participar «en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicaragüense». Las intervenciones de Almagro «demuestran que las acciones realizadas por los organismos de la OEA y la ONU responden a la estrategia de asfixiar al pueblo de Nicaragua», denunció Moncada.
FUENTE: El País
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