La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves (23.04.2026) que la amnistía «llega a su fin», dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el «fin» de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y aseguró que los casos que «estaban excluidos expresamente» en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
Varias ONG rechazaron de inmediato el anuncio de Rodríguez, al considerar esta decisión como «arbitraria e inconstitucional», ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad.
«Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando», manifestó Provea en su cuenta de X.
En la misma red social, Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento para los beneficiados, por lo que consideró que este instrumento sigue vigente, aunque el Ejecutivo «haya decidido que ya no lo está».
Norma solo la puede derogar otra ley o la justicia
Asimismo, explicó que esta norma solo se puede derogar «mediante otra ley de igual rango» dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
«La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes», apuntó Acceso a la Justicia.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón indicó en X que una ley de esta naturaleza no puede ser derogada por una declaración del Ejecutivo y calificó como un «atropello al Estado de derecho» el anuncio de la presidenta encargada.
Un «acto de inseguridad jurídica»
A su juicio, pretender dar por concluida esta ley representa un «acto de inseguridad jurídica» que deja en «absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico».
«Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos», añadió.
Rodríguez anunció este jueves que la amnistía «llega a su fin», dos meses después de que se aprobara la ley y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
Oficialismo habla de más de 8.000 amnistiados
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
Asimismo, indicó que las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.
Arreaza agregó entonces que seguían «recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país».
Las autoridades no han publicado un listado ofici al con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.
Fuente: DW
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