Singapur ejecutó por ahorcamiento el miércoles (26.04.2023) a un preso condenado por intentar traficar con un kilo de cannabis, anunciaron las autoridades de la ciudad-Estado, que ignoraron los pedidos internacionales de clemencia.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU para Singapur había solicitado al país que «reconsiderara urgentemente» la ejecución.
«Al singapurense Tangaraju Suppiah, de 46 años, se le ha ejecutado hoy la pena capital en el Complejo Penitenciario de Changi», dijo un portavoz del servicio de prisiones de Singapur.
Tangaraju había sido condenado en 2017 por «participar en una conspiración de tráfico» de 1.017,9 gramos de cannabis, el doble del volumen mínimo necesario para la pena capital en Singapur. Un año después fue sentenciado a muerte y el Tribunal de Apelación mantuvo la decisión.
El magnate británico Richard Branson, miembro de la organización Comisión Global de Política de Drogas, dijo el lunes que Tangaraju «no estaba en ningún lugar cerca» del cannabis cuando fue detenido y que Singapur podía estar a punto de matar a un hombre inocente.
Pese a las demandas de su familia, el preso Tangaraju Suppiah, de 46 años, fue ahorcado.
El Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable.
El ministerio señaló que dos teléfonos móviles, que según la fiscalía pertenecían a él, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos.
En numerosas partes del mundo, incluida la cercana Tailandia, el cannabis se ha regularizado.
Pero este centro financiero asiático mantiene una de las leyes antidrogas más estrictas del mundo y asegura que la pena capital funciona como un disuasivo efectivo ante el narcotráfico.
Sin embargo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU asegura que esta creencia es «un mito».
La familia de Tangaraju pidió clemencia e intentó vanamente que se repitiera el juicio. Su ejecución es la primera en seis meses en Singapur y la duodécima desde marzo de 2022, cuando el país volvió a aplicar estas penas tras un paréntesis de más de dos años.
Entre estas causó especial criticismo la sentencia contra Nagaenthran K. Dharmalingam, un malasio con discapacidad mental condenado por llevar 43 gramos de heroína.
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