La Contraloría General (Tribunal de Cuentas) de Perú identificó este lunes a al menos una decena de funcionarios con responsabilidad en las irregularidades registradas en las elecciones generales del pasado 12 de abril, donde hubo grandes retrasos en la apertura de locales de votación en la capital Lima por falta de material electoral.
Los diez funcionarios a los que la Contraloría imputa responsabilidades penales y administrativas pertenecen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la entidad encargada de organizar las elecciones, y cuyo jefe, Piero Corvetto, dimitió días después de los comicios ante la presión generada en su contra, especialmente por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga.
De acuerdo a la Contraloría, la ONPE favoreció supuestamente de manera indebida la contratación de la empresa de transporte Galaga para encargarse de la distribución del material electoral, al reducir en mitad del concurso público el tamaño mínimo de los camiones que debían utilizarse en el reparto de 10 a 8 metros cúbicos.
La Contraloría también advirtió que Galaga realizó el transporte del material electoral en 437 vehículos alquilados para la ocasión (el 92 % del total) y solo 40 vehículos (8 %) eran propios de esta empresa, lo que según el organismo, «se originó por el accionar irregular de los evaluadores designados para la fase de selección».
Adicionalmente, otros funcionarios de la ONPE, siempre según la Contraloría, cambiaron en la tarde del sábado 11 de abril, cuando faltaban poco más de doce horas para los comicios, «la reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación con 8.261 mesas de sufragios que involucraban a 2.453.791 electores».
A cada ruta se le consignó un tiempo de entrega hasta de 4 horas, «cuando en realidad se requería al menos ocho horas, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos electorales».
«Tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3.605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación y se afectó el derecho de sufragio de 55.261 electores», concluyó la Contraloría.
Los trece colegios donde se ubicaban esas mesas abrieron al día siguiente en una decisión inédita del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para resguardar el derecho al voto de esa población afectada.
La Contraloría General recomendó al titular interino de la ONPE realizar las acciones que permitan efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares.
También se recomendó a la Procuraduría (Abogacía) Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades.
Tanto la ONPE como las misiones de observación nacionales e internacionales han determinado que estas irregularidades no afectaron al resultado final de la votación, que calificaron de creíble y transparente, pese a la ajustada definición para pasar a la segunda vuelta entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien ha denunciado sin pruebas un fraude en su contra.
EFE
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