El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció este miércoles la apertura de una investigación penal contra las elecciones primarias celebradas por la oposición el pasado domingo, cuando la exdiputada María Corina Machado arrasó con el 92 % de los votos, lo que la convierte en la abanderada del antichavismo para las presidenciales de 2024.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó de la designación de dos investigadores penales especializados en «delincuencia organizada» y en asuntos de identificación y extranjería para llevar adelante estas averiguaciones en vista del «fraude» que, reiteró, se produjo el pasado domingo, cuando votaron 2,3 millones de personas, según los datos oficiales.
«Hay millares de ejemplos de denuncia que reflejaron el total fraude que allí se realizó, burlando la voluntad de quienes quisieron apostar por este proceso», sostuvo Saab, tras mostrar el mismo video difundido por el Gobierno en el que unas personas se confunden durante la totalización en una de las 5.000 mesas habilitadas para estos comicios.
La Fiscalía supone que el domingo se incurrió en, al menos, cuatro delitos: usurpación de funciones; usurpación de identidad, partiendo de la hipótesis de que se usaron nombres de personas que no votaron; legitimación de capitales, por desconocer la procedencia del dinero con el que se realizó la contienda, y asociación para delinquir.
Por ello, la institución citará en calidad de testigos al presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casa, así como a la vicepresidenta, Mildred Camero, y a los 24 jefes de las juntas regionales que organizaron estas votaciones de manera autogestionada, sin ayuda del ente electoral.
Adelantó que estas personas, entre las que no mencionó a la vencedora de la contienda, deberán presentarse en la Fiscalía «en los próximos días» para «que compadezcan y respondan por estas irregularidades».
El Parlamento, controlado por el oficialismo, denunció el martes que las primarias fueron un fraude por varias razones, entre las que mencionó la supuesta alteración al alza en el número de votos emitidos, un argumento que la Fiscalía también esgrimió este miércoles.
Sobre Machado pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015 y extendida hasta 2030, por lo que la exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular ni competir en las presidenciales de 2024 a menos que la sanción le sea levantada.
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