EFE
La Fiscalía peruana allanó este martes viviendas de dos colaboradoras de la líder opositora Keiko Fujimori, responsables del área contable de su partido Fuerza Popular, para buscar documentación sobre la posible financiación irregular del partido opositor.
José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, recibió la autorización del juez Víctor Zúñiga para buscar e incautar llegado el caso algunos documentos que, según reveló un testigo a la Fiscalía la semana pasada, fueron sacados irregularmente de la sede del partido en diciembre de 2017 cuando esta fue registrada por el Ministerio Público.
Las viviendas registradas son las de Giannina Delgado y Rocío Pardo-Figueroa, trabajadoras de confianza de la entonces tesorera del partido, Adriana Tarazona, hoy bajo arresto domiciliario, que, siempre según ese testigo, habrían recibido órdenes de resguardar esa documentación.
Las autoridades entraron sin problemas en la residencia de Delgado, pero sin embargo al llegar a la casa de Pardo-Figueroa, según denunció el propio fiscal Pérez a los medios, se encontraron con que la casa había sido abandonada «la semana pasada» y que por tanto iba a pedir al juez permiso para descerrajar la puerta.
Al poco tiempo, Pardo-Figueroa apareció en la puerta de la vivienda y anunció a los periodistas allí reunidos que ella no reside allí hace seis meses y que iba a presentar a la Fiscalía documentación con su nueva dirección y justificantes de que hace tiempo que no vive allí.
Todo este proceso forma parte de la investigación contra Fujimori, en prisión preventiva desde octubre de 2018, por el delito de lavado de activos.
Fujimori habría incurrido en ese delito al intentar ocultar el dinero irregular recibido, entre otras fuentes, de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales.
«Se ha solicitado esta medida al tomar conocimiento quiénes serían las dos personas que sustrajeron la documentación que era necesaria. Con lo cual, se evidencia que la investigación que se sigue contra Fuerza Popular desde el inicio se ha estado obstruyendo, obstaculizando con el objeto de que no se averigüe la verdad», apuntó el fiscal a la prensa.
Esta acción de la Fiscalía se produce apenas 24 horas antes de que se realice una nueva audiencia para que la Corte Suprema tome una decisión sobre un recurso de casación presentado por Fujimori para lograr su libertad.
Ese recurso ya fue valorado el pasado 9 de agosto, si bien se produjo una discrepancia entre los magistrados que obligó a convocara a una nueva jueza para que emita un voto que permita emitir una resolución.
Dos de los jueces de la sala se mostraron a favor de mantener a la líder opositora encarcelada por 36 meses, mientras que tres opinaron que su prisión se redujera de 36 a 18 meses.
Solo un sexto miembro del tribunal se pronunció a favor de liberar a Fujimori.
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