El Gobierno de España, uno de los países más castigados por el COVID-19, se enfrentó ayer lunes a las críticas por los planes de decretar un estado de alarma de seis meses para hacer frente al avance de la pandemia.
Algunos se oponen al toque de queda. Los partidos de la oposición aseguran que medio año es demasiado tiempo; los epidemiólogos, en cambio, mantienen que ese periodo de tiempo podría resultar escaso y que llega tarde; y una gran parte de la ciudadanía se opone al toque de queda nocturno.
“El toque de queda no tiene mucho sentido. ¿El virus sólo infecta a las personas entre las 23.00 y las 6.00? No”, apunta Marta Aragoneses, una maestra de 36 años, en el exterior de un café en el barrio madrileño de La Latina.
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Cerca de allí, en el mismo barrio, Mariano Moreno de Guerra, farmacéutico, se opone a la aplicación del estado de alarma.
“No me gusta nada lo que han hecho”, apunta. “Están adquiriendo el gusto de confinar a la gente y eso podría ser peligroso. Ampliarlo seis meses es un absoluto escándalo. Veo mucho potencial para el abuso”.
Medidas propias. Las disputas entre el gobierno central y los regionales y entre el gobierno de coalición y la oposición han obstaculizado durante meses la respuesta a la pandemia en España.
Esto a su vez ha enfadado a muchos ciudadanos, lo que podría provocar, según algunos analistas, que una parte de la población no cumpla con las medidas impuestas.
El toque de queda en todo el país durará al menos hasta el 9 de noviembre. El Gobierno dijo el domingo que pedirá la aprobación del Parlamento para ampliarlo durante medio año. También indicó que otorgará a cada comunidad autónoma libertad para tomar medidas propias contra la pandemia, incluyendo la posibilidad de limitar la movilidad de la población.
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