En extrañas circunstancias fue encontrado sin vida, en su residencia de Bogotá, el abogado y ex secretario de transparencia del ex presidente Juan Manuel Santos, Rafael Merchán, cuatro días después de ser reportado como desaparecido por su familia. Su muerte es el segundo caso de un testigo del proceso Odebrecht en Colombia que fallece misteriosamente.
La noticia fue anunciada este jueves por la Fiscalía General, quien aún no ha revelado las causas de la muerte de Merchán, e informó que está siendo objeto de investigación. La familia del abogado desconocía su paradero desde el pasado lunes 24 de diciembre, después de la celebración de Navidad.
Merchán había sido llamado como testigo a favor de Luis Fernando Andrade, el ex director de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), procesado por los sobornos en la Ruta del Sol II, como parte del caso de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht en el país, y quien hace poco salió del país junto a su familia por hostigamientos y amenazas en su contra, y pidió asilo en Estados Unidos.
Andrade había denunciado en Noticias Uno temor por su seguridad: «Me siento inseguro porque hemos (él y su familia) sufrido un proceso de intimidación constante. Hemos detectado que el edificio de enfrente tiene antenas para escucharnos, aquí en la terraza hemos encontrado un dron tomándonos fotografías, a personas cercanas mías las llaman a decirles que saben que están viniendo a visitarme y que las aconsejan que dejen de venir aquí», afirmó.
La muerte de Merchán complica aún más el panorama judicial del caso Odebrecht, pues es el segundo testigo clave en fallecer de forma extraña. El primero fue el ingeniero Jorge Enrique Pizano, ex controller de la concesionaria Ruta del Sol II, encontrado en noviembre en su finca de Subachoque, en Cundinamarca. Y dos días después, en su sepelio, murió su hijo Alejandro envenenado con cianuro.
Tras la muerte de Pizano salieron a la luz declaraciones que había dado a medios bajo reserva, pues pidió que solo fueran publicardas si salía del país o si moría, donde acusa al hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de conocer sobre los sobornos que se realizaban en el consorcio cuando fungía como asesor jurídico del Grupo Aval.
«A quienes nos opusimos a Odebrecht, como Andrade y yo, no saben cómo callarnos (…) A Andrade, cada vez que abre la boca, le imputan un cargo. A mí no han podido imputarme nada del (contrato) Tunjuelo-Canoas: no saben qué más inventarse ya, con testigos y fiscales investigados por fraude procesal (…) Es claro que yo, desde 2010, al mes que llegué a la concesionaria, descubrí que estaban pagando facturas sin soporte y se lo advertí no solo al Grupo (Aval) sino a su abogado NHM (Néstor Humberto Martínez), quien era mi amigo de hace 30 años. Así está en informes no solo de esa fecha, sino más directos y con pruebas desde el 2013 hasta el 2015, pero Aval no hizo nada», dijo Pizano a Noticias Uno.
Debido al conflicto de interés del fiscal general en el caso Odebrecht, el gobierno de Iván Duque definió una terna para seleccionar un fiscal Ad Hoc que se encargue del proceso. Así, la Corte Suprema de Justicia eligió el pasado 13 de diciembre a Leonardo Espinosa Quintero, a quien antes de ejercer el cargo lo acusaron de tener vínculos cercanos con Martínez, hecho que él desmiente.
¿Quién era Rafael Merchán?
El abogado de 43 años era politólogo con especializaciones en Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes y Derecho Económico de la Universidad Externado. Con 22 años fue edil de la localidad de Chapinero de Bogotá.
En 2010 estuvo a cargo de la Dirección de Justicia Formal del Ministerio del Interior y de Justicia, dependencia encargada de la formulación del Estatuto Anticorrupción. Entre 2014 y 2015 estuvo al frente de la Secretaría para la Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos.
Durante ese periodo participó activamente del Comité Antisoborno Trasnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), vinculado a la lucha contra la corrupción.
Luego fue cónsul en Londres. Además, fue director Ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga.
Infobae
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