El Grupo de Expertos de la ONU que examina los Derechos Humanos en Nicaragua ha concluido que la situación ha empeorado desde el año pasado y el Gobierno de Daniel Ortega es responsable de «graves» violaciones de los Derechos Humanos, constitutivas incluso de crímenes contra la humanidad, con el único fin de reducir el margen de maniobra de la oposición política.
El informe publicado este jueves refleja que la persecución ahora es más «sutil» y busca en última instancia disuadir cualquier nueva iniciativa de movilización social a largo plazo, una tendencia que deriva de la escalada represiva iniciada tras las protestas opositoras de 2018.
Según el presidente del grupo de expertos, Jan Simon, «el Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial». Nicaragua, ha señalado, «está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior».
Ya no se darían tantas violaciones del derecho a la vida, la seguridad y la integridad de la persona, si no que se adoptan otras medidas como la retirada de la nacionalidad a presos políticos o la persecución de familiares, «violaciones por extensión» que los expertos ven especialmente graves cuando se trata de menores de edad.
Además, en un contexto marcado por la impunidad –la Ley de Amnistía reforzaría contribuiría, de hecho, a reforzarla–, los expertos han alertado de que Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, buscan ejercer un completo control del poder judicial, lo que deja al Gobierno en una «burbuja» con la que busca «perpetuarse en el poder» a costa de «aniquilar» a la oposición, como ha explicado una de las integrantes de este grupo, Ariela Peralta.
El Grupo de Expertos ha reclamado la liberación inmediata de todas las personas detenidas de forma arbitraria, el fin de las violaciones de los Derechos Humanos y la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante estos últimos casi ocho años.
«El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo», ha expuesto el presidente del grupo.
En este sentido, los expertos han instado a la comunidad internacional a ampliar las sanciones, «una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla», como consta en el informe.
«El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido bajo el Gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo», ha apuntado Simon.
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