Más de 520 civiles, entre ellos numerosos estudiantes y adolescentes, han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, indicó este martes la ONG Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP).
“Hemos confirmado 510 muertes”, informó la ONG, que precisa que el balance es “probablemente mucho más alto” ya que centenares de personas, detenidas en los dos últimos meses, están desaparecidas. El balance fue particularmente alto el sábado, “Día de las Fuerzas Armadas” birmanas, con más de 110 muertos, entre ellos siete menores.
Pese a la sangrienta represión, los manifestantes volvieron a salir a las calles el lunes. Catorce civiles murieron, la mayoría de ellos en el este de Rangún, capital económica del país, según AAPP. En tanto, Ocho personas murieron el martes en el estado de Shan, y también se registraron víctimas mortales en los estados de Kashin, Mandalay y Bago, según la AAPP.
En los últimos días, con motivo de los funerales de los muertos, un gentío acompañó a los féretros. Muchos hacían el saludo de los tres dedos, una señal de resistencia al golpe en el país asiático.
Ante el derramamiento de sangre, varias facciones rebeldes amenazaron el martes con tomar las armas contra la junta.
Si las fuerzas de seguridad “siguen matando civiles, colaboraremos con los manifestantes y tomaremos represalias”, indicó una declaración conjunta, firmada entre otros por el Ejército de Arakan (AA), un grupo armado con varios miles de hombres e importantes recursos.
“La situación corre el riesgo de convertirse en una guerra civil total”, declaró a la agencia AFP Debbie Stothard, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Desde la independencia de Birmania en 1948, multitud de grupos étnicos han entrado en conflicto con el gobierno central para conseguir más autonomía, acceso a los numerosos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas.
En los últimos años el ejército había acordado un alto el fuego con algunos de ellos e incluso había retirado al AA de su lista de organizaciones terroristas a mediados de marzo.
Pero este fin de semana, la junta lanzó ataques aéreos en el sureste, dirigidos a la KNU después de que ésta tomara una base militar y matara a varios soldados. Se trató de los primeros ataques de este tipo en la región en 20 años.
Presión internacional
Ante la negativa de las fuerzas armadas a poner fin a la represión , Washington anunció la suspensión inmediata del acuerdo marco sobre el comercio y las inversiones concluido en 2013 con Myanmar, hasta que se restablezca un gobierno “democráticamente electo”. Francia también denunció la “violencia ciega y mortífera” del régimen y exigió la liberación de “todos los presos políticos”, entre ellos la gobernante depuesta Aung San Suu Kyi, que sigue detenida en una ubicación que no ha sido revelada. Por su parte, las autoridades británicas convocaron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar el miércoles a puertas cerradas.
Pero los militares birmanos han hecho oídos sordos de las protestas y las sanciones occidentales. En contraste, Beijing y Nueva Delhi se han negado a condenarlo formalmente, aunque el primero pidió “prudencia” a militares y manifestantes el lunes. Moscú, en tanto, mantiene lazos estrechos con la junta, al punto que el viceministro de Defensa Alexander Fomin participó el sábado en el desfile anual de las fuerzas armadas birmanas. El Kremlin ha llamado la atención por el número “creciente” de muertos, pero ha declarado que Myanmar sigue siendo un “aliado confiable y un socio estratégico” con el que desea reforzar sus relaciones militares.
Fuente: INFOBAE.
Mira también
Comentarios